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Estos datos se conocieron en medio de la polémica por las medidas de la jueza Patricia Guichandut y en el marco de la política migratoria del Gobierno
En medio del cruce entre Mauricio Macri y la jueza Patricia Guichandut que liberó a motorchorros extranjeros con antecedentes penales que, una vez en libertad, volvieron a delinquir, se conoció que un total de 1433 ciudadanos extanjeros con causas penales vigentes fueron expulsados del país en los últimos tres años en el marco de la política migratoria del Gobierno, que planea solicitar que quienes quieran radicarse en la Argentina presenten un certificado de antecedentes de la última década emitido por su país de origen.
La magistrada Guichandut, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 62, además de ser criticada por el Presidente, fue cuestionada por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta y su vice Diego Santilli.
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El director nacional de Migraciones, Horacio García, explicó a la agencia Télam que el aumento de las deportaciones “se logró a partir del dictado de decreto número 70 de enero de 2017, que permitió agilizar administrativa y judicialmente los trámites de expulsión, que antes eran muy engorrosos”.
Por su parte, como consecuencia de la gran cantidad de extranjeros que son detenidos delinquiendo, Horacio García explicó que se están manteniendo reuniones con los consulados de Colombia y Perú, entre otros, para que se pueda conocer si los ciudadanos de esos países que pidan la radicación en la Argentina tienen antecedentes.
"Vamos a pedir que nos digan cuál es la base informática que podemos consultar porque si no, vamos a solicitar que traigan una certificación de 10 años so pena de no radicar a nadie”, sostuvo el director nacional de Migraciones.
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García explicó que, por ejemplo, el motochorro Jair Jurado Mora (25), detenido y liberado 48 horas después luego de robarle un celular a una joven en Caballito, "tenía tres condenas en Colombia, pero llegó acá con un certificado de que no tenía antecedentes".
En ese sentido, dijo que "debe haber algún funcionario que se haga responsable de esto, porque cada país tiene su dinámica interna y su reglamentación" y cuando las condenas son posteriores a una década, no figuran.
Respecto de los reclamos acerca de que se permite el ingreso de ciudadanos con antecedentes, García explicó que en Migraciones “únicamente surge si una persona tiene un pedido de captura de Interpol, pero no hay forma de saber si tiene condenas previas porque si no, habría que tener convenios de información on line con todos los países”.
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