Esta semana, diferentes cárceles de la provincia de Buenos Aires volvieron a reclamar que se reanude el régimen de visitas, suspendido desde el 19 de marzo con el comienzo de las medidas preventivas por la pandemia, y también piden la mejora en las condiciones de alojamiento.
Las protestas comenzaron el lunes pasado en la Unidad Penitenciaria Nº 42 de Florencio Varela, donde internos anunciaron una huelga de hambre hasta que atendieran su pedido. Las manifestaciones luego se replicaron en otros complejos carcelarios y este sábado, se decidieron por tomar los techos.
Uno de los más conflictivos fue en el penal 10 de Melchor Romero, en La Plata. Allí los reclusos subieron a las terrazas, con los brazos envueltos en frazadas y con el correr de las horas comenzaron a registrarse incidentes pero, por el momento, no se notificaron heridos.
Esta unidad aloja a 150 detenidos, con la particularidad de que los ocupantes están al final de sus condenas. Es una de tres en la zona junto a la N° 34 para detenidos con diagnósticos psiquiátricos y la Alcaldía N° 3 donde están detenidos los ocho rugbiers acusados de matar a golpes a Fernando Báez Sosa.
Mientras, en la Unidad 48 de San Martín, la Unidad 13 de Junín, la Unidad 41 de Campana y la Unidad 31 de Florencio Varela se produjeron otros disturbios. En algunas, los detenidos tomaron parte de las instalaciones mientras que en otros, el patio de los complejos son escenarios de enfrentamientos con agentes penitenciarios.
Todo está registrado en videos que van apareciendo a medida que transcurren las horas y muestran a los reclusos arrojando piedras y otros proyectiles, mientras de fondo se escuchan bombas de estruendo.
El Gobierno bonaerense que lidera Axel Kicillof intenta, desde el inicio de la cuarentena, destrabar las protestas que se fueron generando a través de una mesa de diálogo y han logrado ciertos acuerdos con los detenidos, como por ejemplo la habilitación de teléfonos celulares para comunicarse y mantener videollamadas con el fin de no cortar el vínculo con sus familiares.
Para terminar con este conflicto, sin embargo, fue la subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires la que indicó que "una delegación de este organismo se dirige en estos momentos a los penales para tratar de dialogar con los detenidos". Con el mismo objetivo, se presentará en otros penales un equipo de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM).
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