Violencia de género: Ocho de cada diez denuncias terminan siendo archivadas

Con ese marco, se vienen logrando avances significativos y la violencia machista comenzó a visibilizarse. Sin embargo, el panorama aún es alarmante. Una de las cuentas pendientes se relaciona a la di cultad que tienen las víctimas cuando necesitan ser escuchadas por la justicia. De hecho, se calcula que 8 de cada 10 denuncias que llegan a los juzgados terminan archivadas.

Los casos se reiteran con una feroz frecuencia, y ante cada femicidio o caso de violencia extrema contra las mujeres, surgen datos que revelan la dramática situación de denuncias que fueron desestimadas, ignoradas y cajoneadas previamente al estallido de ira del agresor. “Hay que decir, con todas las palabras. La mujer victimizada da señales, busca ayuda, y cuando logra romper el círculo de violencia y se anima a denunciar, no es escuchada. 

Actualmente, 8 de cada 10 denuncias que llegan a los juzgados terminan cajoneadas”, sostuvo el abogado Julio Torrada, especialista en violencia de género.

Desde la organización La Casa del Encuentro, su fundadora Fabiana Túñez expresó que “la justicia tiene una enorme deuda pendiente, las mujeres hacen las denuncias y es como si nada, en la mayoría de los casos con víctimas que resultaron asesinadas surge que esas mujeres habían pedido ayuda decenas de veces, pero no fueron escuchadas”, agregando que “estamos solicitando la uni cación del sistema judicial de ingreso de causas, porque cada denuncia ingresa al sistema de forma separada, pero el golpeador siempre es el mismo, entonces no hay seguimiento”.

El abismo existente entre la cantidad de mujeres victimizadas que requieren de asistencia y protección, y la di cultad cuando buscan cobertura legal, de acuerdo al abogado Torrada, existe porque “no hay una perspectiva de género en la Justicia, y cuando la mujer va a la comisaría ya sea de la Mujer u otra, la comisaría lo único que hace es tomar la denuncia y después por ley tienen que remitir las actuaciones a un Juzgado Civil, de Familia, donde la realidad es que no manejan ni la perspectiva de género ni la urgencia de la mujer”.

Para Túñez, “es clave la capacitación de los componentes judiciales que reciben la denuncia, y al mismo tiempo la urgencia en contar con refugios en todo el país, porque en muchos casos la víctima necesita salir de la situación de peligro, contar con contención psicológica, para ella y sus hijos, pero también seguridad ísica, y recursos económicos, porque está claro que muchas vuelven al espacio violento por ausencia de alternativas”.

El letrado Torrada sostuvo que “resulta preocupante que la Justicia además de no tener una perspectiva de género no tiene una preparación para abordar esta problemática y los jueces, muchas veces, le rehuyen al tema de determinar sobre una causa de violencia familiar y entonces se declaran incompetentes, se la mandan a otro Juzgado y la archivan”, agregando que
“mientras tanto tenemos casos como el de Natalia Riquelme en Bahía Blanca que hizo 15 denuncias, o el extremo de Wanda Taddei, y lamentablemente he tenido que ir con mucho dolor al sepelio de muchas de las mujeres que me tocaba asistir”.

Finalmente, Túñez dijo que “en los juzgados hay prejuicios culturales, aparece el nefasto lugar común del algo habrán hecho, hablamos de machismo explícito, y es lo que debe erradicarse”.


Organizaciones piden declarar la emergencia nacional

Desde hace algunos meses, distintas organizaciones del país vienen realizando foros de debate planteando la necesidad de declarar la emergencia por violencia de género. En ese marco, se exige como indispensable la creación de “Casas Refugio” como instancias de tránsito para la atención y albergue en aquellos casos en que la permanencia en su domicilio implique una amenaza a su integridad física, psicológica y/o sexual.

También se incluyen en el pedido, la puesta en funcionamiento el Plan de acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, según lo establecido en artículo 9° de la Ley 26.485. Asimismo, se exigen, unidades especializadas apara atender de forma gratuita a mujeres víctimas. En el proyecto, se solicita “otorgar a las mujeres que se encuentren en situación de emergencia social por violencia de género, una asignación económica mensual equivalente a un salario mínimo vital y móvil, durante todo el tiempo que las mismas se encuentren fuera de sus domicilios y/o hasta tanto se reinserten laboralmente según
cada caso”.

En los fundamentos, se indica que “el aumento de casos de violencia contra las mujeres y de femicidios parece no tener fi n. Los hechos de violencia y femicidios acaecidos en los últimos tiempos expresan una gravísima situación de violación de los derechos humanos de las mujeres, quienes son víctimas de una inusitada violencia de género que se está cobrando en la actualidadla vida de una mujer por día”. “Ante esta grave situación que se esta viviendo en todo el territorio nacional, creemos que es sumamente importante y urgente la declaración de la emergencia pública por violencia de género y que, el Poder Ejecutivo Nacional, a través de los organismos competentes, implemente -en coordinación con el Consejo Nacional de las  Mujereslas acciones pertinentes para hacer frente a este fl agelo que no admite más víctimas ni más demoras”, se manifi esta en el texto.