La diputada nacional y líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, volvió a pedirle al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, que en diez días de a conocer las declaraciones juradas de los miembros del superior tribunal.
Carrió ya había realizado el pedido en el pasado mes de mayo y consideró que el presidente del máximo tribunal de justicia del país envío luego "información insuficiente", por lo que reiteró la presentación.
"Nos dirigimos a usted a fin de solicitarle copia de las declaraciones patrimoniales integrales presentadas por todos los Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que actualmente se encuentran en ejercicio y del Secretario General de Administración y titular del Comité de Inversiones y Alquileres presentadas cada año desde su designación hasta la actualidad", señaló Carrió, en una nota que firmó junto al diputado de la Coalición Cívica, Fernando Sánchez.
Los diputados de la Coalición Cívica señalaron que el 13 de mayo ya habían solicitado "las últimas declaraciones juradas patrimoniales integrales presentadas por los ministros del Supremo Tribunal y el Secretario General de Administración".
"Confirmando nuestras sospechas, de las mismas surge que la información consignada en el anexo público de la acordada 9/2014 es a todas luces insuficiente para poner conocimiento público la realidad patrimonial de los funcionarios alcanzados por la misma y, lo que es más grave aún, resulta violatorio de los parámetros fijados por la ley de ética en el ejercicio de la función pública", agregaron los diputados nacionales de la Coalición Cívica y aliados al gobierno nacional a través de Cambiemos. Indicaron también que "el libre acceso a la información patrimonial de los funcionarios públicos de todos los poderes públicos del estado es un derecho fundamental a fin de que los ciudadanos puedan realizar un correcto contralor del funcionamiento de las instituciones".
El planteo de la diputada Elisa Carrió genera tensiones entre el oficialismo y la Corte Suprema, que viene de emitir un fallo contrario a las aspiraciones del gobierno, bloqueando por el momento los aumentos en las tarifas de gas para usuarios residenciales.
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