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El juez Ariel Lijo amplió las acusaciones contra el exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad y otros imputados. La investigación estima un perjuicio de más de $7.800 millones.
El juez federal Ariel Lijo amplió el procesamiento de Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), y de otros acusados en la causa que investiga presuntos sobreprecios en la compra de medicamentos e insumos médicos. La resolución estima una afectación económica de $7.833 millones para el Estado.
La medida alcanza a Daniel Garbellini, exdirector nacional de Acceso a los Servicios de Salud, al empresario Miguel Ángel Calvete y a otros involucrados en las contrataciones del organismo. El magistrado también amplió los embargos y procesó a empresarios vinculados con las operaciones investigadas, informaron fuentes judiciales a la prensa
El relevamiento judicial identificó diferencias de precios por $1.849, 2 millones en la compra de insumos médicos y ortopédicos. La auditoría incluyó operaciones de al menos seis empresas proveedoras de la Andis.
La cifra se suma a los $5.984,5 millones que la Procuraduría de Investigaciones Administrativas calculó en un análisis previo sobre once medicamentos. Ambos relevamientos totalizan $7.833,8 millones.
Lijo aclaró que el cálculo correspondiente a los insumos es provisorio y que la auditoría no incluyó todas las contrataciones del período investigado.
Cómo habría funcionado el esquema
Según la hipótesis judicial, una organización habría manipulado las compulsas de precios del programa Incluir Salud entre diciembre de 2023 y octubre de 2025. La acusación sostiene que los involucrados habrían simulado competencia entre proveedores y direccionado adjudicaciones hacia empresas determinadas a cambio de presuntos retornos para funcionarios.
Las compras investigadas incluyen medicamentos, prótesis, implantes auditivos, sillas de ruedas y materiales de traumatología, cardiología y neurología.
Los informes incorporados al expediente señalaron posibles irregularidades en distintas operaciones. Uno de los casos corresponde a una prótesis para un paciente de Río Negro que figuraba como entregada en la documentación, aunque la entrega no se habría concretado. Los investigadores también detectaron una factura que habría sido pagada dos veces.
Otra operación observada fue la compra de un sistema de válvulas bicaval transcatéter por $ 425 millones. El informe comparó esa adquisición con una adjudicación del PAMI a la empresa Siprotec SA, realizada el 25 de marzo de 2025, por un valor unitario de $124,2 millones para el mismo sistema.
Qué dijeron los acusados
Fuentes cercanas a Spagnuolo sostuvieron que su cargo jerárquico no permite presumir su responsabilidad penal. Garbellini negó la existencia de sobreprecios y haber recibido coimas.
La investigación también analiza un mensaje que Garbellini envió a Calvete el 24 de julio de 2025. El texto incluía la frase “Sus ofrendas de esta semana” y una tabla con diez empresas y distintos montos.
El fiscal Franco Picardi interpretó ese intercambio como un posible indicio de un circuito de dinero vinculado con presuntos sobornos. Garbellini afirmó que la expresión se refería a los reclamos de proveedores para agilizar pagos.
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La defensa de Calvete cuestionó los criterios utilizados para calcular los precios y solicitó peritar las contrataciones. El abogado de Pablo Atchabahian, por su parte, adelantó que el lobista prepara una declaración sobre las licitaciones.
La investigación comenzó en agosto de 2025, después de la difusión de audios atribuidos a Spagnuolo. En febrero de 2026, el juez federal Sebastián Casanello había procesado al exfuncionario por presunto cohecho, asociación ilícita, fraude al Estado y negociaciones incompatibles con su cargo.
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