Causa Vialidad: Eduardo Casal le pidió a la Corte que extienda a 12 años la condena a Cristina Kirchner

También consideró que el monto que se le decomise a los condenados sea de 5.321.049.272,42 de pesos. Con este paso, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti quedaron en condiciones de resolver la causa. Existe una expectativa especial sobre cuándo lo harán porque el fallo apelado incluye también una inhabilitación perpetua para hacer ejercer cargos públicos, lo que dejaría a la también exvicepresidenta sin la chance de ser candidata en la provincia de Buenos Aires o en las elecciones nacionales.

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Ahora, el máximo tribunal de la Nación tendrá para resolver la postura de la Fiscalía y el pedido de la defensa de Cristina Kirchner, que solicitó su absolución, lo mismo que el resto de los condenados en el juicio, entre ellos el empresario Lázaro Báez, el exsecretario de Obras Públicas José López, el extitular de la Dirección Nacional de Vialidad José Periotti y cinco exfuncionarios de Vialidad de Santa Cruz.

El Tribunal Oral Federal 2 de Comodoro Py condenó en diciembre de 2022 a Cristina Kirchner por administración fraudulenta a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y la absolvieron por la asociación ilícita. La Cámara Federal de Casación Penal confirmó ese fallo en noviembre del año pasado.

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Eduardo Casal, procurador general de la Nación, emitió un dictamen sobre la Causa Vialidad.

En ambos casos fue por mayoría, es decir dos votos a uno, porque hubo magistrados que entendieron que la expresidenta debía ser condenada por la asociación ilícita. Fueron Andrés Basso en el Tribunal Oral y Gustavo Hornos en la Cámara de Casación, respectivamente.

Así lo habían pedido también los fiscales del juicio oral, Diego Luciani y Sergio Mola, y el fiscal de Casación, Mario Villar, con una condena de 12 años. El tribunal oral y la Casación señalaron que no hubo asociación ilícita porque tomaron como un único hecho las irregularidades en las 51 obras públicas que de 2003 a 2015 -los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner- recibieron las empresas de Báez. Para los jueces no hubo una pluralidad de delitos que lleven a una asociación ilícita.

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En su dictamen de este jueves, el procurador Casal apoyó la apelación del fiscal Villar. “El fiscal general explicó, con toda razón, que no hay, en cambio, ninguna justificación para acudir a ese artificio cuando de lo que se trata aquí es de la adjudicación fraudulenta de cincuenta y un contratos de obra pública dentro de un esquema comprobado de corrupción”, sostuvo Casal y agregó que “efectivamente la organización haya concretado un solo plan no es incompatible con la figura de la asociación ilícita, cuya configuración no depende de ejecución alguna”.

Y también señaló que la Cámara de Casación no contestó el argumento de la Fiscalía de que los hechos atravesaron tres gobiernos durante 12 años. Casal también apoyó que se revoquen las absoluciones del exministro de Planificación Federal Julio De Vido, del exsubsecretario de Obras Públicas Abel Fatala y del expresidente de Administración General De Vialidad Provincial de Santa Cruz Héctor Garro.