Causa Vialidad

El juez Jorge Gorini está ahora en condiciones de iniciar el proceso de ejecución patrimonial. La expresidenta había pedido este martes la suspensión de esta instancia y rechazado el cálculo oficial del dinero a devolver.

El abogado de la expresidenta busca impedir el embargo judicial de propiedades y cuentas para responder a la devolución exigida en la causa.

Lo dispuso el Tribunal Oral Federal 2 de Comodoro Py, estableciendo un plazo para que se cumpla con esta obligación. De lo contrario, se rematarán los bienes.

Los abogados de la expresidenta presentaron un estudio de un perito que indica que el monto a decomisar en el marco de la Causa Vialidad es de 42 mil millones de pesos en lugar de los 684 mil millones que habían fijado los contadores de la Corte .

La resolución dictada por los jueces Ricardo Basílico, Néstor Costabel y Fernando Canero incluye tanto a la Causa Vialidad como a la conocida popularmente como “Ruta del dinero K”. También se le impuso al empresario una multa de 329 millones de dólares.

Los peritos contables de la Corte Suprema realizaron una actualización al monto base que se había calculado inicialmente. El trabajo fue presentado este viernes al juez Jorge Gorini.

Aunque Mario Villar desistió del pedido realizado por Diego Luciani y Sergio Mola para que la expresidenta sea llevada a una cárcel común, sí solicitó que cumpla la complete su condena en otro sitio que no sea el departamento de San José 1111.

“Jamás existieron motivos reales para apartarse de lo que constituye una clara regla del Código Penal y de la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad: la pena de prisión debe cumplirse dentro de un establecimiento penitenciario”, sostuvieron Diego Luciani y Sergio Mola en la presentación entregada este lunes.

En su visita a Corrientes, el expresidente volvió a manifestarse en favor del fallo de la Suprema Corte de Justicia contra la líder del Partido Justicialista.

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal determinó que el próximo 7 de julio se analizarán las restricciones de visitas impuestas a la expresidenta durante su prisión domiciliaria.