"Celebramos su renuncia: es una contribución para garantizar la independencia del Poder Judicial”, resumió el jefe de Gabinete, Marcos Peña el ánimo del oficialismo tras la sorpresiva renuncia de Alejandra Gils Carbó. Pese al juego de pinzas con la que el gobierno presionaba a la procuradora -la denuncia judicial por la compra irregular de un edificio de la Procuración y la reforma a la ley de Ministerio Público-, sorprendió el día elegido por la funcionaria para dimitir que, en una planificada estrategia, buscó tener un efecto político ante los anuncios del Presidente.
Mientras que algunos funcionarios se enteraron horas antes del discurso de Mauricio Macri, la gobernadora María Eugenia Vidal lo hizo mientras llegaba al CCK por el chat de un colaborador.
El ministro de Justicia, Germán Garavano, aseguró en su entorno que conocía la determinación de la funcionaria judicial “desde hacía unos días”.
Lo cierto es que a comienzos de octubre el gobierno filtró su intención de retomar su embestida contra la procuradora, a quien el presidente acusaba de tener una tarea “militante kirchnerista”, al dar impulso al proyecto que reforma el Ministerio Público Fiscal y, entre otras modificaciones, acorta el mandato a 5 años (Gils Carbó asumió en 2012). En privado, los funcionarios decían que tenían el pulgar hacia arriba de Elisa Carrió, quien el año pasado se había opuesto al proyecto “por las formas”, y de diputados opositores para alcanzar los votos necesarios para la media sanción en la cámara baja.
Esa fue la puntada que terminó de decidir a la procuradora a renunciar a su cargo. La causa judicial en su contra, por la que está procesada por la adquisición irregular de un inmueble del organismo y sospechas de dádivas, también fue otro factor que influyó en su determinación.
En este contexto, el gobierno también disparó por el inusual crecimiento financiero de la Procuración, que triplicó los gastos en 5 años. Ayer Macri en su discurso lo reiteró: “En el ministerio Público Fiscal se contrataron 1100 personas, entre el 2012 y el 2016, la mayor parte de estas asignaciones fueron para cargos de alta jerarquía. No quieran saber los sueldos”, fustigó.
Lo cierto que en el oficialismo sostienen que continuarán intentando avanzar en la reforma de la ley más allá de la salida de Gils Carbó. “Queremos un Ministerio Público independientemente de las personas. Hubo discusiones judiciales sobre zonas grises o sobre la duración de los mandatos que deberían ser corregidas, el Congreso lo tiene en agenda y lo podrá discutir. No queremos (que el reemplazante) tenga militancia política sino (que surja) un profesional por su trayectoria y en ese sentido vamos a trabajar”, añadió Peña en conferencia de prensa. En el recuerdo queda la designación de María Eugenia Vidal en la Procuración bonaerense que se decidió por su por entonces secretario legal y técnico, Julio Conte Grand. Habrá que ver qué reemplazante decide ahora el Ejecutivo. “Lo decide el Presidente, hay muchos candidatos”, confió a este diario un funcionario consultado.
Entre los candidatos trascendieron algunos nombres de la familia judicial, como Ricardo Sáenz, fiscal ante la Cámara del Crimen, el fiscal federal Guillermo Marijuan, su colega José María Campagnoli -su hermana Marcela es electa diputada bonaerense por Cambiemos-, Germán Moldes, fiscal general ante la Cámara, Alberto Garcia Lema, Raúl Plee y Ricardo Gil Lavedra.
En la previa del acto en el CCK, el diputado Fernando Sánchez (Coalición Cívica), que en diciembre desembarcará en Jefatura de Gabinete justamente para coordinar reformas institucionales, sostuvo que “Gils Carbó tendría que haber renunciado antes. Fue puesta por Cristina Kirchner para garantizar la impunidad de sus funcionarios”.
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