El jefe de Gabinete dejó en claro la postura del Gobierno y advirtió que, en caso de ser necesario, judicializará las iniciativas aprobadas el jueves pasado por la Cámara Alta. "El equilibrio fiscal es la base del orden económico", subrayó.
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, reiteró este sábado que el Gobierno vetará y, si es necesario, judicializará las leyes sancionadas por el Senado que impliquen una suba del gasto público sin financiamiento. En línea con el presidente Javier Milei, defendió la política de equilibrio fiscal y criticó el accionar de sectores del Congreso y los gobernadores.
“El equilibrio fiscal es la base del orden económico. No vamos a permitir que lo rompan con leyes irresponsables”, sentenció en declaraciones radiales. Según los cálculos del funcionario, las iniciativas sobre jubilaciones, moratorias previsionales y pensiones por discapacidad sancionadas por la Cámara Alta tienen un impacto fiscal estimado en 3,2 puntos del PBI anual, lo que implicaría más de 10.000 millones de dólares en gastos adicionales.
Francos subrayó, en ese sentido, que la Ley de Administración Financiera prohíbe aprobar leyes sin fuentes claras de financiamiento: “Lo más fácil es aprobar leyes con gastos, después que se arreglen otros para conseguir los fondos”. A su vez, cuestionó que algunos legisladores “aprovechen temas sensibles para hacer populismo fiscal”, en referencia a las iniciativas votadas por amplia mayoría.
También apuntó contra el sistema previsional argentino, al señalar que “hoy hay más jubilados por moratoria que por años de aportes”, y defendió la necesidad de reformar profundamente el esquema: “No puede tener los mismos derechos quien trabajó y aportó toda su vida que quien no lo hizo”.
En relación a las pensiones por discapacidad, Francos denunció que el sistema “fue completamente corrompido en los últimos 20 años”, y sostuvo que “muchas discapacidades fueron inventadas por intereses políticos para otorgar beneficios discrecionales”. En esa línea, apoyó las auditorías que se están realizando y pidió distinguir entre quienes realmente necesitan asistencia y quienes se aprovecharon del sistema.
Al ser consultado sobre el rol de los gobernadores en la votación de las leyes, Francos admitió que hubo tensiones políticas. Dijo que algunos mandatarios provinciales "buscan más recursos en un año electoral" y que parte del respaldo a los proyectos opositores puede explicarse por el malestar generado ante la decisión del oficialismo de no sellar alianzas en ciertas provincias. “Eso generó reacciones políticas que entendemos, aunque no compartimos”, explicó.
En cuanto a las negociaciones con los mandatarios provinciales, reconoció: “Si hubo impericia, fue mía. No logramos convencer a todos”. De todas maneras, aclaró que el vínculo con la mayoría de los gobernadores sigue siendo fluido y constructivo. También advirtió que, de mantenerse algunas leyes aprobadas, “no habrá más recursos discrecionales para emergencias”, ya que los fondos serían coparticipados.
Francos defendió que el Gobierno nacional “no ha tocado un peso de la coparticipación de las provincias” y resaltó que los impuestos eliminados o modificados afectan solo a la recaudación nacional. Además, anticipó que si prospera la reforma del impuesto a los combustibles, los subsidios al transporte en el AMBA podrían verse afectados, lo que impactaría directamente en las tarifas.
“Pasamos del 53% de pobreza en diciembre al 30% actual. Eso es un dato fuerte. El equilibrio fiscal genera baja inflación, y eso baja la pobreza”, concluyó.
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