El Gobierno privatiza las rutas y se queda con el impuesto a los combustibles

Ahora, los mismos ciudadanos que ya pagaron a través del impuesto al combustible volverán a pagar cuando pasen por las barreras. Un doble cobro que viola la ley, deteriora la infraestructura y entrega el control de la red vial nacional al sector privado.

Este lunes el Gobierno formalizó la adjudicación de la concesión de ocho tramos de rutas nacionales, en el marco del proceso de privatización de la empresa estatal Corredores Viales, mediante la Resolución 1379/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial.

La medida, firmada por el ministro de Economía, Luis Caputo, aprueba lo actuado en la segunda etapa de la licitación pública comunicando las empresas que pasarán a administrar ocho tramos estratégicos de la “Red Federal de Concesiones - Etapa III”.

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El proceso licitatorio determinó a los ganadores para la construcción, explotación, administración y mantenimiento de las rutas de jurisdicción nacional bajo el régimen de concesión por peaje por un plazo de 20 años.

Los corredores concesionados en esta ocasión suman más de 3.900 kilómetros, atravesando distintas regiones del país, y completan un total superior a los 9.000 kilómetros adjudicados entre los distintos tramos licitados.

En esta última etapa, las rutas concesionadas atraviesan las provincias de Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Santiago del Estero, Salta, Jujuy, Tucumán, Corrientes, Mendoza, Misiones y Chaco.

Los consorcios ganadores y las tarifas adjudicadas

• Tramo Centro: adjudicado a la oferta presentada por Afema S.A. - Pablo Federico e Hijos S.A. - Guido Mogetta S.A., por una tarifa de $1.399.
• Tramo Centro Norte: adjudicado a José Cartellone Construcciones Civiles S.A., con una oferta de $2.175.
• Tramo Mesopotámico: adjudicado a la firma IEB Construcciones S.A. - Trading MRG S.A.U., con una tarifa de $3.564,99.
• Tramo Noroeste: adjudicado al consorcio Autovía Construcciones y Servicios S.A. - Vapeu S.R.L. - Guigivan S.R.L., por un valor de $2.285.
• Tramo Litoral: adjudicado a JCR S.A. - Nestor Julio Guerechet S.A., por una tarifa de $2.876,04.
• Tramo Noreste: adjudicado a Carlos e Enriquez S.A. - Hormi S.A., con un valor de $2.950.
• Tramo Chaco-Santa Fe: adjudicado a José Eleuterio Pitón S.A. - Rovial S.A. - Obring S.A., por una tarifa de $3.520
• Tramo Cuyo: adjudicado a Laugero Construcciones S.A. - Green S.A. - Corporación del Sur S.A., con una tarifa de $3.090,2462.

La ley que Caputo ignora

El ICL tiene una afectación específica establecida por normativa: un porcentaje de lo recaudado debe destinarse al mantenimiento de las rutas nacionales a través de Vialidad Nacional. Desde diciembre de 2023, el Ministerio de Economía retiene esos fondos sin ejecutarlos en obra pública vial. Ya acumula $ 1,4 billones inmovilizados. El desvío no es una omisión administrativa: es una política deliberada que consolida el superávit fiscal con dinero que legalmente no le pertenece al Tesoro.

Cuando se lo consultó por esta situación, el vocero presidencial Adrián Ravier no cuestionó la retención sino que la justificó: sostuvo que "el ministro Caputo lleva a cabo un proceso de transformación que ha tenido éxito en otros países, donde las rutas nacionales se hacen con inversiones privadas". La declaración equivale a reconocer que el Gobierno optó por reemplazar la inversión pública garantizada por ley con concesiones privadas que los propios usuarios solventarán a través de peajes.

Las consecuencias de la desinversión trascienden los siniestros viales. Si se considera que hoy circulan por la red nacional 128 millones de toneladas de carga y que las proyecciones para 2035 estiman un volumen de 194 millones de toneladas, el deterioro de la infraestructura vial implica un costo creciente sobre toda la cadena productiva: encarece el transporte, frena la competitividad y compromete el abastecimiento de insumos críticos para sectores que el propio Gobierno exhibe como motor del crecimiento. La retención del ICL no es solo una irregularidad legal: es un ajuste que recae sobre la infraestructura común para sostener un superávit que la propia deuda externa hace insostenible.