El oficialismo espera mantener la totalidad de los cambios económicos propuestos en el proyecto de Ley Ómnibus y sancionarlo la semana próxima.
La Libertad Avanza (LLA) podría sancionar el proyecto de la Ley Ómnibus con los "grandes acuerdos" ya cerrados con los bloques opositores dispuestos a respaldar la propuesta del oficialismo, según indicaron a la agencia estatal Télam diversas fuentes.
"Los grandes acuerdos ya estarían cerrados, el capítulo económico se modificaría muy poco. Un 70 % de lo que se mandó saldría, todavía hay puntos en discusión pero vamos encaminados en la desregulación de la economía y las facultades delegadas, el martes 23 de enero podría darse el dictamen y el jueves sesionar", indicaron los informantes.
El oficialismo lograría dar curso a Ley Ómnibus sin cambiar las modificaciones en materia económica y legislativa que consideran más importantes del programa político-económico del Gobierno Nacional.
Aunque desde LLA indicaron que "puede pasar cualquier cosa" la próxima semana, se mostraron optimistas y aseguraron que los aportes de la oposición dialoguista "fueron tomados en cuenta" y no modificaron la reforma económica y legislativa de fondo que esperaban.
El acuerdo entre el oficialismo y la oposición todavía no está cerrado, pero trascendió que comprenderá cuestiones centrales como la fórmula para aumentar las jubilaciones, los sectores productivos alcanzados por las retenciones y con qué porcentajes y el detalle de las empresas a privatizar.
De las propuestas económicas del gobierno, el acuerdo cambiaría las retenciones a las economías regionales, se fijarían las en 0%, que originalmente se llevaban a un 15%.
Si bien se eliminarían las retenciones a las economías regionales, se mantendrían las alícuotas para las retenciones agropecuarias, dónde se impone un 33 ciento sobre los derechos de exportación a la soja.
"Estamos sacando una reforma legislativa importante", aseguraron fuentes cercanas a LLA.
Otro punto que aun se está analizando es que pasará con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad ya que desde la oposición piden al Poder Ejecutivo Nacional incorporar como requisito que para poder liquidar dichos activos (luego de ser transferido al Tesoro), de una comisión Bicameral del Congreso.
Sobre las empresas del Estado a privatizar, sólo se excluiría a YPF, aunque el bloque radical y Hacemos Coalición Federal también pide dejar al margen al Banco Nación, Arsat y Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio.
Otro punto que se analiza es que las modificaciones de Bienes Personales se traten junto a los cambios que se harán al proyecto de Ganancias, que es una reforma impulsada por gobernadores de JXC para mejorar las arcas de sus provincias ya que se trata de tributos coparticipables.
Paralelamente, desde LLA esperan mantener las modificaciones propuestas en cuanto a la reorganización de la Administración Pública nacional y lograr así sostener la política de "déficit cero", una de las promesas más grandes de la campaña.
El proyecto de ley también tiene como objetivo habilitar la eliminación de reparticiones cuya finalidad sea replicada en otros organismos o en la justicia, como el INADI.
Otro punto del acuerdo con los bloques opositores que están dispuestos a respaldar el proyecto es la propuesta sobre blanqueo de capitales y también se destaca desde la Libertad Avanza que no haya objeciones al pase a disponibilidad de los empleados estatales cuyos cargos sean eliminados por la reestructuración del Estado.
Las conversaciones que se realizan en el Congreso las están liderando el ministro del Interior Guillermo Francos, el asesor Santiago Caputo y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menen.
Fuentes libertarias del Congreso aseguraron que ven "muy bien" a Menem en su rol y confirmaron que "le va tomando la mano". Por este motivo, el oficialismo espera que se pueda desarrollar sin problemas en su primera sesión como presidente de la Cámara.
Al mismo tiempo, LLA decidió postergar la sesión para el jueves para no coincidir con paro general y movilización por parte de la Confederación General del Trabajo que tendrá lugar el miércoles 24 de enero en rechazo a las reformas laborales propuestas en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) y a la ley.