En un fuerte debate, el Senado comenzó a tratar el proyecto de la reforma de la Procuración General. Fue defendido por Germán Garavano, pero recibió numerosas críticas de diversos sectores que se convertirán en cambios.
La iniciativa, que fue impulsada por Cambiemos y acompañada por un sector reducido del PJ-FPV encabezado por Miguel Pichetto, no tendrá dictamen esta semana debido a que la catarata de críticas que recibió obligará al Senado a realizar algunos cambios. Uno de los reclamos más fuertes fue la de mantener la mayoría agravada de dos tercios para aprobar la remoción del procurador general.
Es que el nuevo mecanismo de remoción que propone el proyecto para los titulares del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa, la duración de sus mandatos y la eliminación de procuradurías especiales.
Garavano fue el primer expositor de la jornada y defendió la reducción del mandato del procurador actualmente vitalicio a cinco años -con una posible reelección por otros dos años. Además, defendió el establecimiento de una mayoría absoluta para su nombramiento o remoción.
A su vez, el mecanismo de remoción que propone el proyecto es modificar el juicio político (que necesita dos tercios) por una decisión del Ejecutivo de la Cámara de Diputados con acuerdo de senadores por mayoría de la mitad más uno. En el proyecto no está especificado cuál será el ministro que estaría encargado de pedir la remoción del procurador.
A su vez, la respuesta no cayó bien entre los senadores, quienes también cuestionaron la eliminación de procuradurías especiales, que el procurador general sea suspendido apenas el Poder Ejecutivo pide su remoción al Congreso y la revisión de los fiscales nombrados a partir de 2013 por la actual titular del Ministerio Público Fiscal, Alejandra Gils Carbó.
Por otro lado, frente a las críticas, fuentes del bloque de Cambiemos y del sector de Pichetto aseguraron al agencia de noticias NA que aceptarán modificar el proyecto en ese aspecto. Cambiemos también debió ceder en cuanto a la eliminación de las procuradurías especiales, debido a que durante la reunión los organismos de derechos humanos advirtieron que ese punto deja “a total discreción del procurador general de la Nación la continuidad o no de áreas fuertemente vinculadas a la protección y tutela de los derechos humanos y la persecución de los crímenes de lesa humanidad”.
Ante los cuestionamientos de los organismos de DDHH, el bloque de Cambiemos aceptó dejar vigente en el proyecto la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad que funciona actualmente dentro del Ministerio Público Fiscal y que la iniciativa de reforma eliminaba junto con otras dependencias.
Taty Almeida y la presidenta Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas, Lita Boitano, leyeron ante la Comisión de Justicia del Senado un documento en el que expresaron su “profundo rechazo” a la iniciativa.
En relación a los traslados de los fiscales y defensores, se establece un plazo mínimo de permanencia en el cargo para el que los fiscales y los defensores fueran designados, el que se fija en cinco años, añade el texto al que accedió Télam.
De esta forma, agregó, “se evitan abusos que desvirtúen el acuerdo otorgado por el Senado de la Nación para el ejercicio de la función en un ámbito territorial determinado; no obstante, y a fin de atender a circunstancias excepcionales, se evita un rigorismo excesivo que impida toda movilidad a los magistrados del Ministerio Público”.
comentar