Frente al intento de acampe de militantes de una facción de Barrios de Pie y del Polo Obrero, el gobierno aplicó la “doctrina G-20”, esto es: les impidió el paso desde Constitución hacia Desarrollo Social y calificó a esa movilización como una “maniobra extorsiva” porque ya acordó un bono de fin de año que, según algunas organizaciones de trabajadores de la economía popular, alcanzaría los 4 mil pesos.
El temor al inicio del diciembre caliente luego del veranito del G-20 se deslizó por algunos despachos oficiales: por la mañana organizaciones sociales reclamaron bolsones de comida frente a un supermercado de Monte Grande. Y, por la tarde, columnas de militantes de Barrios de Pie -de la facción que responde a Humberto Tumini y no a Daniel Menéndez, que se quedó con la rama histórica de la agrupación- y del Polo Obrero intentaron montar un acampe sobre la 9 de Julio, frente al Ministerio de Desarrollo Social, pero fueron cercados por efectivos de la Policía de la Ciudad.
Los manifestantes aseguraron que la movida se replicó en 19 provincias, bajo el lema “Por una Navidad sin hambre, contra el ajuste y por trabajo genuino”, y que pretendían una entrevista urgente con la ministra Carolina Stanley.
Sin embargo, el nuevo Ministerio de Seguridad de la Ciudad, a cargo de Diego Santilli, pareció aplicar lo que un funcionario nacional explicó como “un cambio de lógica en la seguridad pública por G-20”, y encerró a los militantes en las adyacencias de la plaza y la emblemática estación ferroviaria.
En este sentido, el funcionario consultado se mostró contrariado por los grupos chicos de trabajadores de la economía popular que “quebraron un acuerdo y se movilizaron por intereses políticos: los de Barrios de Pie buscan un interlocutor por afuera de Menéndez, que se quedó con el grupo mayoritario, y los del Polo Obrero quieren promocionarse porque quieren ser candidatos el año próximo”.
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De acuerdo a Desarrollo Social, Stanley hace cuatro meses ya anunció mejoras en el salario social complementario (SSC), que cobran los integrantes de planes como Hacemos Futuro. “Pero estos dirigentes buscan extorsionar: piden 100 mil planes sociales o los de Barrio de Pie bajar unos 4 mil y poner otros 4 mil que son de su confianza”, agregó el funcionario consultado por este medio.
Según el gobierno, los grupos que se movilizaron ayer también lo hicieron hace un año durante los incidentes del debate parlamentario por la reforma previsional. “No se bancan un plan como Haciendo Futuro, que les quitó la intermediación y las bajas que ellos hacían. Ahora los beneficiarios tramitan ante la Anses”, cuestionó. Y sostuvo que con el resto de las organizaciones sociales continúan un diálogo fluido y expuso el trabajo desarrollado en merenderos o emprendimientos con maquinarias.
“El Movimiento Evita tiene centros de primera infancia”, detalló.
Justamente un referente de la CTEP -donde se nuclea el Evita- como Juan Grabois sostuvo ante la consulta de este diario que “expresamos la solidaridad con los compañeros afectados por el operativo. Pero nosotros tenemos otra estrategia de lucha y negociación. Hemos conseguidos beneficios este año, aunque tenemos bronca que el bono no haya llegado a los jubilados”.
Adelantó que en febrero próximo Desarrollo Social también comprometió una nueva recomposición al SSC por los efectos de la inflación. “Todos nuestros proyectos productivos pasaron las inspecciones: desde talleres textiles, merenderos y emprendimientos para hombres y mujeres salidos de los penales”, concluyó.