Expresiones del ministro de Justicia contrarias a una eventual detención de la ex presidenta Cristina Kirchner desataron la ira de Elisa Carrió, que lo cruzó y sugirió la posibilidad de iniciarle juicio político.

Un inesperado cruce en la coalición de gobierno despertaron los dichos del ministro de Justicia, Germán Garavano, acerca del pedido de detención de Cristina Kirchner librado por el juez Claudio Bonadio: mientras que el funcionario dijo que “nunca puede ser bueno para un país que un expresidente sea detenido”, la líder de la CC, Elisa Carrió, salió a cruzarlo al calificar sus declaraciones como “una vergüenza”, y deslizó lo que se confirmaría horas más tarde: que la semana próxima el bloque de diputados de la Coalición Cívica le pediría juicio político.

No es la primera vez que la iracunda diputada sale a cuestionar a Garavano. Pero justo ayer el funcionario acompañó al presidente Mauricio Macri en la inauguración del Espacio de Primera Infancia (EPI) “La casa de los Gurises”, en la localidad misionera de Villa Bonita, que fue financiada “con plata recuperada de la corrupción”. Se trata de uno de los establecimientos realizados con parte del dinero decomisado al venezolano Guido Antonini Wilson, quien en 2007, en pleno kirchnerismo, intentó ingresar al país con 790 mil dólares.

Al ser entrevistado ayer por El Destape Radio, Garavano declaró que “nunca es bueno y nunca puede ser bueno para un país que un expresidente esté detenido y que se pida su detención”.

Cerca del titular de Justicia se mostraron sorprendidos por el ataque, y recordaron que en otra entrevista ya había realizado declaraciones similares al hacer referencia al impacto institucional de una detención de un exmandatario, y que las diferencias previas con Carrió por la conformación de la Unidad Especial AMIA también resultaron un detonante de la reacción de Lilita.

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Más allá de las declaraciones de tono institucionalista del ministro, en Balcarce 50 nunca han ocultado su preferencia a que Cristina llegue con chances de competir por las presidenciales de 2019 por la conveniencia electoral que le depararía al oficialismo la división del peronismo.

Lo cierto es que rápidamente Carrió, a través de su cuenta de la red social Twitter, disparó: “Estos dichos de Garavano son una vergüenza para la República y la división de poderes. Puede estar emparentado también con la impunidad de Menem en la Cámara de Casación. Si esto es así es pasible de juicio político”.

Por la tarde se conoció que le encomendó a los diputados de la Coalición Cívica redactar un proyecto para materializar el pedido de juicio político. “Estaríamos pidiéndolo la semana próxima por intromisión del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial”, explicó a este diario un dirigente de la CC.

Habrá que ver con el correr de las horas si esta medida se concreta o habrá una mediación de la Casa Rosada: desde diciembre pasado ocupa un despacho en el segundo piso de Casa Rosada un delegado dilecto de Lilita, Fernando Sánchez.

Con todo, las diferencias con el exfiscal federal porteño se remontan al año pasado con la reestructuración de la Unidad Especial AMIA, que derivó en la renuncia del radical Mario Cimadevilla, y de la abogada Mariana Stilman que se desempeñaba como querellante de ese organismo. La letrada había llegado por recomendación de Carrió y, de hecho, tras su alejamiento, se convirtió en jefa de despacho de la diputada. El conflicto culminó en marzo pasado cuando Garavano le quitó rango de secretaría a la unidad especial y la incluyó dentro del programa Verdad y Justicia de la secretaría de Derechos Humanos de Claudio Avruj.

“No me sorprendió que Carrió lo cruzara a Garavano, no tienen empatía. Y sí, todo pesa”, reflexionó ayer por la tarde una calificada fuente oficial al recordar el diferendo que ambas figuras tuvieron por la conformación del organismo de apoyo a la investigación del atentado contra la mutual judía, ocurrido el 18 de julio de 1994.

La cofundadora de Cambiemos había mantenido un entredicho con el Ejecutivo hace un mes en ocasión de los cambios de gabinete: defendió a los desplazados vicejefes Mario Quintana y Gustavo Lopetegui y apuntó contra el ‘oportunismo’ de los radicales.

Esta semana también alzó su voz al denunciar haber sido “proscripta” por el PJ, luego que bloqueara el debate parlamentario, a la posibilidad de asumir la presidencia de la Bicameral del Ministerio Público Fiscal. En una carta difundida ayer, resignó a pelear nuevamente esa chance y anunció que continuará desempeñándose como vocal de esa comisión.

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