En Casa Rosada pasaron del "ninguneo" a la preocupación

“Es la opinión de una fiscal”, “es una deuda de 15 años”, “‘el enfoque de la deuda es muy K”, eran algunas de las frases escuchadas hace una semana.

Pero el escándalo fue in crescendo y obligó al Ejecutivo a una tardía reacción que no le evitó pagar un costo político así como tampoco una denuncia judicial de la oposición que culminó en la imputación del presidente Mauricio Macri.

Tras subestimar el tema, la estrategia comunicacional del gobierno se centró en rechazar las cifras sobre la hipotética deuda que iba a ser condonada a la ex concesionaria comandada por Franco Macri : $70 mil millones machacada por opositores en base a un hipotético plan de pagos.

Luego dejaron la discusión técnica de lado y le apuntaron a la fiscal por su antigua vinculación con el titular de la IGJ kirchnerista, Ricardo Nissen.

Por último, ayer, en una conferencia de prensa, el jefe de Gabinete Marcos Peña intentó bajarle el tono a la polémica y dijo que pedirá a la Auditoría General de la Nación (AGN) que revise el tratado.

Sin embargo, rápidamente el organismo, liderado por la oposición, rechazó la propuesta porque no puede someterse a los deseos del Ejecutivo.

Ahora en el oficialismo recurren a los radicales del Congreso para formalizar el pedido. Lo cierto es que difícilmente el gobierno pueda sortear la principal crítica que le deparó haber iniciado conversaciones con los ex propietarios del Correo en junio pasado: el conflicto de interés existente por tratarse de una empresa de la familia del Presidente.

En ese sentido y para acelerar más aun el apuro del gobierno para tratar de poner en caja una situación que cada vez más complicada, sólo falta que algún mal pensado podría pensar que los familiares del jefe de estado quisieron terminar con el diferendo por la deuda del Correo porque en caso que no se homologara un acuerdo, un juez podría decretar la quiebra y en ese escenario sería posible que se iniciarán acciones contra las empresas o personas controlantes.