La jueza estadounidense Loretta Preska, a cargo del tribunal del Distrito Sur de Manhattan, falló en contra de Argentina en la causa que el fondo de inversión Aurelius Capital Investment le inició por modificar en 2014 el cálculo con el que se midió el producto un año antes y para, según el demandante, evitar el pago del cupón PBI.
Pese a haber desestimado esta denuncia el año pasado -aunque dejó abierta una ventana para una demanda ampliada, que hoy se concretó- Preska publicó su fallo donde señala que Argentina no puede desentenderse del pago a los acreedores de los intereses del cupón PBI mediante el cambio de la manera de calcularlo.
De esta manera, se abre una nueva instancia de investigación o proceso de “discovery” hasta el 16 de abril próximo, instancia en la que Preska sellará una sentencia, a no ser que dé lugar a una apelación de la Argentina, según confirmó Sebastián Maril, CEO de Fin Guru y especialista en deuda soberana y corporativa emitida en los mercados internacionales.
Según la jueza, Argentina actuó de “mala fe” en 2014 al alterar la medición del cupón PBI de 2013. Preska señaló que la modificación del cálculo que llevó a cabo Argentina para estimar el crecimiento de su PBI en 2013 es ilícita pese a que Argentina tenía la potestad de modificar la manera de estimar ese indicador tal como lo pueden hacer el resto de los países.
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Cabe recordar que en enero de 2019 Aurelius había demandado a la Argentina en EEUU por USD 84 millones. El fondo afirmó entonces que el Gobierno no calculó correctamente los pagos que correspondían a los tenedores de bonos vinculados al PBI por una supuesta manipulación del Indec en 2013. Se trata de bonos que establecen pagos adicionales basados en el desempeño de la economía y que se emitieron vinculados a las reestructuraciones de deuda en 2005 y 2010.
Según indicó Maril, se espera que Aurelius solicite una sentencia sumaria, que debería ser determinada por Preska para el 16 de abril. Sin embargo, Argentina podría apelar el fallo y debería ser resuelto por la Cámara de Segunda Instancia del Segundo Distrito Sur de Nueva York.
De acuerdo al especialista, esta causa podría implicar un costo de USD 500 millones para la Argentina, que se podría sumar a otra abierta en Londres por unos USD 700 millones.