Otorgan prisión domiciliaria a la funcionaria acusada de atacar la casa de José Luis Espert

Abaigar, quien al momento de su detención se desempeñaba como directora de Sensibilización y Promoción de Derechos del Ministerio de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires, fue arrestada el 25 de junio. Está acusada de haber participado del hecho ocurrido días antes frente a la casa de Espert, en San Isidro, donde personas no identificadas esparcieron materia fecal y colgaron un pasacalles con mensajes agraviantes contra el legislador libertario.

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La jueza Arroyo Salgado ordenó el arresto domiciliario de Abaigar bajo vigilancia electrónica, e intimó a la defensa a informar el domicilio donde se cumplirá la medida.

El caso tuvo un giro el miércoles pasado, cuando se sumaron otras cuatro detenciones en el marco de la investigación, entre ellas la de una funcionaria del municipio de Quilmes, lo que generó aún más controversia en el ámbito político y judicial.

Frente a esta situación, los consejeros de la Magistratura Mariano Recalde y Vanesa Siley, ambos representantes de UxP, anticiparon que presentarán una denuncia formal contra Arroyo Salgado. La acusarán de haber cometido “mal desempeño en el ejercicio de sus funciones” por haber ordenado lo que consideran una “detención arbitraria e incomunicación” de siete personas, cinco de las cuales continúan privadas de libertad.

Para los denunciantes, los hechos en cuestión no constituyen delitos penales sino, en todo caso, una infracción de índole municipal. “La colocación de un pasacalle y bolsas con excremento puede ser reprochada, pero de ninguna manera justifica el despliegue de allanamientos, detenciones e incomunicación sin una imputación clara”, sostienen en la presentación que será elevada al Consejo de la Magistratura.

Recalde y Siley consideran que la actuación de Arroyo Salgado fue “arbitraria e ilegal” y que se encuadra en una práctica de “persecución política”. A su entender, la jueza “actuó al servicio de los intereses del Gobierno nacional”, en un contexto en el que distintos sectores de la oposición vienen denunciando un uso político de la Justicia por parte del oficialismo libertario.

Cuestionamientos

Uno de los puntos más cuestionados de la causa es la figura penal elegida por la magistrada: “Asociación ilícita, amenazas coactivas y actos discriminatorios por motivos políticos”. Para los legisladores, dicha calificación resulta “desproporcionada y sin sustento jurídico”, ya que el hecho no involucró amenazas directas ni daños personales al diputado Espert.

En su denuncia, los legisladores remarcan que esta conducta judicial vulnera garantías constitucionales y configura un “uso desmedido del poder judicial con fines de amedrentamiento y disciplinamiento social”.

La denuncia ante el Consejo de la Magistratura, según trascendió, buscará impulsar una investigación formal que podría derivar en un proceso de remoción contra la jueza federal. En paralelo, los abogados defensores de algunos de los imputados analizan también avanzar con medidas legales contra las decisiones adoptadas en la instrucción de la causa.

En tanto, desde el entorno de Espert se limitaron a respaldar la actuación judicial. El legislador no se pronunció públicamente sobre la prisión domiciliaria otorgada a Abaigar, aunque sí ha manifestado en otras oportunidades que el episodio frente a su casa fue un “acto de amedrentamiento violento” que debe ser investigado a fondo.

El caso sigue generando repercusiones tanto en el plano judicial como en el político. Mientras se esperan definiciones sobre el avance de la causa penal y la denuncia contra la jueza, el episodio se consolida como un nuevo capítulo en la creciente tensión entre sectores del oficialismo nacional, el gobierno bonaerense y referentes de la oposición.