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Organizaciones sociales denunciaron ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos la criminalización de la protesta en la provincia gobernada por Gerardo Morales, cuyos representantes negaron las acusaciones
“El Estado nacional y la provincia de Jujuy utilizan bellas palabras de respeto a los derechos humanos, pero en la práctica es otra cosa; en la práctica hay palos, gases, gendarmería dentro de las empresas”. Así describió el presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Horacio Verbitsky, la situación que se vive en la provincia de Gerardo Morales.
No estuvo solo en ese reclamo. Organizaciones sociales y de derechos humanos denunciaron ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) en Washington una “criminalización de la protesta social” en la provincia norteña, cuyos representantes rechazaron las acusaciones. El Estado nacional, en tanto, ratificó su “compromiso” con los derechos humanos.
Durante la audiencia, las organizaciones peticionantes no mencionaron inicialmente el caso de Milagro Sala, pero denunciaron violaciones a los derechos humanos por la “criminalización” del “acampe” por el que, en diciembre pasado se acusó y detuvo a la líder de la agrupación Tupac Amaru.
Además, el CELS denunció la “supresión de derechos políticos y sociales” a sectores que realizan protestas en Jujuy.
“En Jujuy no rige la Constitución nacional, rige la voluntad del gobernador de la provincia (Gerardo Morales) y ese es el núcleo del problema”, remarcó Verbitsky.
El presidente del CELS señaló que “no se mencionó a Milagro Sala porque el problema es general, no es con Milagro Sala; el gobierno (de Jujuy) ha intentado demonizar a una persona pero aquí vemos que es una situación general en Jujuy”.
“Nos denuncian y reprimen penalmente en las protestas”, advirtió Rafael Vargas, del Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma de Jujuy (SOEAIL).
El sindicalista subrayó que “en el último año se intensificaron las causas penales por las protestas” y subrayó: “Nos reprimen y criminalizan y nos persiguen judicialmente para disciplinar y condicionar al gremio que represento y a los otros sindicatos”.
A su vez, Fernando Acosta, de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) aseguró que el gobierno de Jujuy “dictó un decreto por el que suspende la personería” de las organizaciones que realizaron un acampe en el centro jujeño.
“El gobierno de Jujuy detiene, encarcela y mantiene presos a los dirigentes que continúan con la protesta”, remarcó el dirigente sindical.
La respuesta del oficialismo
El fiscal de Estado de Jujuy, Mariano Miranda, aseguró que en la provincia “está plenamente garantizado el derecho de peticionar a las autoridades, de libertad de expresión y a manifestarse”, y aseguró que durante 2016 hubo “1.191 manifestaciones” y que sólo se iniciaron “nueve causas” judiciales por protestas.
“En Jujuy no existe ningún mecanismo legal ni de facto que criminalice la protesta social”, afirmó Miranda.
El funcionario justificó el inicio de causas en el caso de “el sitio de la plaza” principal jujeña, por el que se inició una causa contra Milagro Sala. También justificó el inicio de causas judiciales por un corte de tránsito en la ruta 34, al indicar que en ese caso “no hay vías alternativas”.
Miranda dijo que la quita de la personería jurídica para la organización Tupac Amaru “se está tramitando en sede judicial”, en la máxima instancia provincial.
Por su parte, el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, se refirió a “la vocación del gobierno y del estado argentino de colaborar con la Comisión Interamericana”.
“El gobierno nacional trabaja permanentemente en relación con las provincias, en este caso con la de Jujuy, analizando todos los temas. Nosotros creemos que estamos avanzando fuertemente en el cumplimiento de los derechos humanos para toda la sociedad argentina”, señaló Avruj.
Resaltó que hay “un compromiso manifestado por el presidente de la Nación (Mauricio Macri) de avanzar en una sociedad que se base en el respeto”.
“No hay disociación entre lo que planteamos y el objetivo que queremos lograr, de una sociedad respetuosa de los derechos en el más amplio sentido”, remarcó.
En ese marco, el comisionado para Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la CIDH, Paulo Vannuchi, resaltó que hay “visiones casi opuestas” entre las partes y agradeció “que el nombre de Milagro Sala no fuera mencionado acá porque hay una tensión y una cautelar que están tramitándose”.
Además, dijo que las denuncias por criminalización de la protesta social se concentran en Jujuy pero “no se habla en Córdoba, en la Patagonia, en Mendoza de los mismos temas”.
Vannuchi planteó “impulsar una búsqueda de algo que pueda manifestar también el apoyo del Estado argentino en los temas de la llamada criminalización de protesta social”.
Advirtió además que “muchas veces hay procedimientos judiciales fundamentados pero que también son utilizados con fines políticos” para criminalizar la protesta.
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