Rosenkrantz estuvo en la Casa Rosada y dio lugar a las suspicacias

Ayer por la mañana, la vicepresidenta electa acusó a la mesa judicial del gobierno de dar órdenes a los jueces que terminaron procesándola en 7 causas, en una dura declaración contra el Ejecutivo e incluso contra el tribunal que la juzga al que sindicó de pertenecer el "lawfare" (persecución judicial contra líderes populistas).

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En este contexto, sorprendió ayer por la tarde la visita de Rosenkrantz –quien, junto a Horacio Rosatti, fue uno de los dos jueces propuestos por Mauricio Macri para ocupar las vacantes del máximo tribunal- a Casa de Gobierno: llegó acompañado de un colaborador y se dirigió al primer piso, al área presidencial.

Con Macri de gira en España por la cumbre de cambio climático, el presidente de la Corte Suprema se entrevistó con el jefe de Gabinete, Marcos Peña, el ministro de Justicia, Germán Garavano; y el ministro de Hacienda de la Nación, Hernán Lacunza.

Según una calificada fuente oficial consultada por este diario, durante la reunión no se habló sobre el devenir de los tribunales federales de Comodoro Py o las advertencias de Alberto Fernández a los jueces vinculados a las causas contra los ex funcionarios kirchneristas. "No se habló de eso: fue muy protocolar y oficial por el presupuesto" de la justicia, aseguró. En tal sentido, trascendió que uno de los temas fue la posibilidad de reorientar partidas para cubrir un 10% de aumento a los empleados judiciales a partir de enero.

A diferencia de Rosatti y la denominada "mayoría peronista de la Corte" –la chicana utilizada por los funcionarios contra los magistrados que han votado "en cadena" contra de los intereses del Ejecutivo-, generalmente el titular del máximo tribunal ha votado las acordadas en sintonía con lo que pretendía el macrismo, como el fallo que prohibía el pago del impuesto a las ganancias a jubilados.

Por otra parte, en la justicia se está dirimiendo una polémica en torno a la utilización o no de la ley de paridad de género para el ingreso de los diputados nacionales que mañana jurarán en el recinto.

Organizaciones, referentes y especialistas en temas de género se presentaron en la justicia, bajo la figura de amicus curiae (colaboradores), dado que se manifestaron en favor de "una correcta interpretación de las normas aplicables en línea con la Ley de Paridad vigente" en medio de la polémica existente por la sucesión de la banca de Guillermo Montenegro, que ingresó en 2017 y ahora la deja para ocupar la intendencia de Mar del Plata. Quien seguía en la lista es Adriana Cáceres, directora de Juventud, que ocupaba el puesto número 16 en esa nómina y quien pretende ocupar ese lugar, para lo cual recurrió a los tribunales.

Es que el diputado Cristian Ritondo, quien sería jefe del bloque PRO tras dejar el ministerio de Seguridad bonaerense, pretende que ese lugar lo ocupe Marcelo Del Sol, un dirigente de su entorno. Y se escuda en un fallo de la jueza de María Servini de Cubría que años atrás dictaminó que los reemplazos en las bancas son "género por género", en este caso, varón por varón.

Ahora las demandantes sostienen que por el "espíritu" de la ley de paridad se "impone nombrar a la primera candidata titular mujer, Adriana Cintia Cáceres, como la reemplazante al cargo de diputada nacional" y, en este sentido, opinan que el reconocimiento de este derecho implica avanzar hacia la igualdad sustantiva y consolidar la jurisprudencia en la materia.

"Una interpretación contraria, (…) vulnera la finalidad de la norma sancionada con posterioridad con el objetivo de mejorar las herramientas para promover la igualdad de género en el ejercicio de los derechos políticos", sostuvo un documento en apoyo a la funcionaria oriunda de Pilar.

Otro argumento a favor de Cáceres es que en 2017 no regía la ley de paridad y sí la ley de cupos que intentaba garantizar una "mayor participación de las mujeres" en la política y en los órganos legislativos.