Así lo informó este domingo el diario La Nación sobre la base de documentos y testimonios de funcionarios y otras fuentes.

La misión de la ONU había sido aprobada por el ministro de Justicia, Germán Garavano, quien debió retroceder a último momento ante funcionarios referenciados con el jefe de Gabinete, Marcos Peña. Según analiza el periodista Hugo Alconada Mon, este ala del Gobierno busca una salida que preserve a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y no afecte a Cambiemos en las elecciones de octubre.

Esas idas y venidas provocaron, además, que el representante para América del Sur del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (Acnudh), Américo Incalcaterra, viajara dos veces desde Chile para firmar el acuerdo, pero debió volverse con las manos vacías. El frustrado arribo de los expertos dejó en evidencia las diferencias que existen en el Gobierno sobre cómo tratar con la familia Maldonado y cómo abordar asuntos judiciales sensibles.

Garavano protagonizó cruces con el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, quien adoptó otra línea de negociación, “más cercana al presidente Mauricio Macri, quien no oculta puertas adentro su fastidio con la cobertura periodística del caso Maldonado”, dice Alconada Mon.

En una reunión con Garavano, la familia de Maldonado le entregó al funcionario un petitorio. Pidió que autorizara a ese grupo de expertos, que aprobara la participación de los investigadores que trabajan con Coriolano en casos de violencia institucional y que el Estado ayudara con los gastos como querellante de la familia. Por ejemplo, con los pasajes aéreos entre Buenos Aires y Esquel.

Dos días después, hubo una segunda reunión en el Ministerio de Justicia. Junto a Garavano estaban Avruj y la directora de Derechos Humanos de la Cancillería, Gabriela Quinteros, mientras que Incalcaterra viajó desde Chile para analizar el despliegue de los expertos.

En el encuentro, Incalcaterra estimó que, si se firmaba el acuerdo el fin de semana, el grupo podía arribar el lunes 4. Y lejos de esquivar una respuesta Garavano aceleró. Concluyeron que el despliegue de esos expertos le reportaría dos beneficios al Gobierno: mostrar su interés por impulsar la investigación y hallar a los responsables, y, por el otro, evitar problemas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ya en 2011, al condenar a la Argentina por la desaparición de Iván Torres, en Chubut, le impuso "garantías de no repetición".

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Ese jueves 31, los equipos de Garavano, la ONU y los Maldonado avanzaron con la letra chica del acuerdo en la sede del Programa de la ONU para el Desarrollo (PNUD). Allí surgió el primer indicio de que algo andaba mal puertas adentro del Gobierno: el emisario de la Secretaría de Derechos Humanos pidió que en el borrador se mencionara esa dependencia por separado del ministerio, del que quería despegarse.

Al día siguiente, la cuarta reunión fue en la ex ESMA, cuando los Maldonado e Incalcaterra pensaron que cerrarían el acuerdo. Pero no fue así. Tras hacerlo esperar dos horas y media, Garavano recibió al representante de la Acnudh para comunicarle que debían retrasar la firma porque la Cancillería había planteado "dudas" sobre la inmunidad que el Estado debería darles a los expertos. Garavano procuró restarle relevancia a esa demora. Afirmó que "el lunes" firmarían el acuerdo. Pero cosechó la inmediata corrección de un emisario de la Cancillería, que dijo que podría ser "el martes", pero que no podía garantizarlo. Al enterarse, Sergio Maldonado enfureció e Incalcaterra se volvió a Chile.

El último encuentro fue, entonces, en la Casa Rosada. Y sólo comenzó cuando Patricia Bullrich salió de ese despacho. Participaron Peña; Incalcaterra; Avruj; el secretario de Asuntos Estratégicos de la Jefatura de Gabinete, Fulvio Pompeo, y, en teoría, Garavano. ¿Por qué "en teoría"? Porque la reunión se adelantó 30 minutos y el ministro llegó cuando ya se había decidido que no convocarían -al menos en el corto plazo- al grupo de expertos ni un observador internacional. Así, el Gobierno había convocado a Incalcaterra a Buenos Aires, por segunda vez, para desistir de lo que el propio Gobierno había acordado.