Enrique Arias Gilbert, magistrado de la Cámara de Apelaciones de Trabajo que aprobó el acuerdo paritario de bancarios, aseguró que "los fallos no pueden ser motivo de denuncia".

La polémica alrededor del acuerdo paritario bancario continúa. Ahora, el juez Enrique Arias Gilbert, de la Cámara de Apelaciones de Trabajo, que aprobó el aumento salarial que tantos dolores de cabeza le da al Gobierno, se defendió de los pedidos de juicio político por parte del Poder Ejecutivo. "Pone en riesgo la división de poderes", manifestó.

El magistrado indicó que a lo largo de 28 años de carrera "dicté resoluciones que no le gustaron a los gobiernos de Carlos Menem, ni de Fernando De la Rúa, ni de Eduardo Duhalde, ni de Néstor Kirchner". Pero el ministerio de Trabajo, encabezado por Jorge Tríaca, presentó una denuncia en contra suyo y de la jueza Graciela Marino por "mal desempeño".

"Los jueces no pueden ser juzgados por su sentencias, porque pueden producir la desaparición de la división de poderes. Una opinión de un juez, expresada en un fallo, no puede ser motivo de denuncia. Si se sanciona a las personas por opinar algo que al otro no le gusta existe una policía de pensamiento", dijo Arias Gilbert a radio 10 respecto de su aval y el de Marino a la paritaria bancaria.

La denuncia será sorteada el jueves en la Comisión de Acusación y Disciplina del Consejo de la Magistratura, que preside el diputado Pablo Tonelli, para que un consejero de esa comisión instruya el expediente y presente al plenario un pedido de avanzar con el pedido de juicio político, o con la desestimación de la denuncia. Si bien la denuncia "técnicamente tiene chances de prosperar", es posible que termine en una mera sanción debido la posición que se descuenta tomarán los jueces que integran la comisión, que por una cuestión jurisdiccional seguramente votarán en contra o se abstendrán, dijeron a la agencia de noticias Télam fuentes del Consejo.

Finalmente, Arias Gilbert explicó que "el derecho a las paritarias no es de la Justicia, ni del ministerio, es de las organizaciones sindicales y empleadores para llegar a un acuerdo, lo que no quiere decir que el Estado no participe". Y acusó a los funcionarios del ministerio del Trabajo de padecer "un caso serio de dislexia, de dificultad en la comprensión de textos" y sentenció: "Creo que estos muchachos no saben leer".

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