La cámara baja dio el visto bueno con un amplio margen de aprobación y giró al Senado el plan de re estatización del sistema ferroviario nacional.

En horas de la madrugada, la Cámara de Diputados aprobó y giró al Senado el proyecto de ley del Poder Ejecutivo con el que se busca estatizar el sistema ferroviario nacional. La votación contó con el respaldo de 223 legisladores (sobre 257 totales) pertenecientes al kirchnerismo, sus habituales aliados y una gran mayoría del arco opositor.

Por el contrario, se registraron 4 votos en contra, 7 abstenciones y 23 ausencias correspondientes a diputados que no participaron de la votación, que se realizó tras 13 horas de debate.

Los bloques que dieron su visto bueno al proyecto fueron el FPV, Nuevo Encuentro, Movimiento Popular Neuquino, la Unión Cívica Radical, el PRO, el Socialismo, el Frente Renovador y la Coalición Cívica, entre otros.

Los votos en contra corresponden a tres diputados del Frente de Izquierda y Victoria Donda (Libres del Sur); en tanto que cuatro integrantes del GEN, uno de Unidad Popular, una de Proyecto Sur y un radical se abstuvieron.

La sesión contó con la presencia, en el último tramo, del ministro de Interior y Transporte, Florencio Randazzo, que declaró ante la prensa en el Salón de los Pasos Perdidos que "esta media sanción viene a completar el proceso de transformación ferroviario asociado al desarrollo de la economía argentina".

El debate, que se inició poco antes de las 13 horas, fue iniciado por la presidenta de la comisión de Transporte, María Eugenia Zamarreño (FPV), quien aseguró que el proyecto de estatización del sistema ferroviario "no es un eslogan marketinero" al tiempo que subrayó que se trata de "una modificación del paradigma del Estado frente al uso de los trenes y la gestión del uso de los trenes".

La presidenta del bloque del FPV, Juliana Di Tullio, fue la encargada de cerrar el debate al tiempo que dijo que el proyecto lleva a "una estatización total" del sistema ferroviario y apuntó que "con esta ley se están construyendo una política de Estado", y agregó: "Con esta ley volvemos a tener el manejo absoluto de las vías. Con ésta aprobación se caen de hecho todas las concesiones, que serán revisadas, porque el Estado volverá a tener el manejo de las vías, el Estado tendrá el control de la totalidad de las vías".

En nombre del PRO, el diputado Federico Sturzenegger señaló que "vamos apoyar el proyecto porque "creemos que contribuye a la diversificación de la matriz del transporte de manera balanceada, lo que va a permitir el crecimiento armónico de la producción nacional", y agregó que "este proyecto logra un balance con un Estado que invertirá en la infraestructura necesaria mientras que le permite al capital privado competir en la operación de manera sana", agregó.

Por su parte, el diputado de Unidad Popular, Claudio Lozano, criticó el proyecto del gobierno nacional al asegurar que "no estatiza nada ya que no rescinde los contratos y abre incluso la puerta a nuevos operadores privados".

El diputado del Partido Obrero, Néstor Pitrola, dijo en su discurso que este proyecto "privatiza el sistema de ferrocarriles" porque "consagra la participación pública y privada en la prestación y operación de los servicios ferroviarios y habilita la renegociación de los contratos de concesión, además de mantener el sistema de tercerizaciones".

La propuesta otorga al Estado la potestad para "desafectar bienes, rescatar, reconvenir o renegociar contratos de concesión suscriptos con Nuevo Central Argentino, Ferroexpreso Pampeano, Ferrosur Roca, Metrovías y Ferrovías".

La medida apunta a "profundizar el proceso de reordenamiento ferroviario y estratégico establecido por este gobierno nacional y en atención a la especificidad y profesionalidad que el sistema ferroviario requiere".

Se trata de una disposición similar adoptada el 21 de agosto de 2014 cuando el Poder Ejecutivo había asignado a la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (Sofse) la prestación de los servicios correspondientes a las líneas Roca, San Martín y Belgrano Sur.

Según la nueva normativa, la dirección y administración de la empresa pública estará a cargo de un directorio integrado por un representante de la Secretaría de Transporte, por el titular de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias (o de la sociedad que la reemplace en el futuro), por el presidente del directorio de Belgrano Cargas y por dos representantes gremiales del sector, designados por el Ministerio del Interior.


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