El secretario de Derechos Humanos y la jefa del Servicio Penitenciario Bonaerense articularon políticas para la transformación del sistema penitenciario provincial
Guido Carlotto recibió a Florencia Piermarini en el marco de una reunión en la que se analizaron las recientes reformas realizadas en el Servicio Penitenciario Bonaerense. Además, se evaluaron formas de articulación que, en el mediano plazo, se traduzcan en avances taxativos para continuar y profundizar la transformación estructural en el sistema penitenciario de la provincia de Buenos Aires: erradicación de prácticas y estructuras autoritarias, prevención contra la tortura, y formación de agentes fueron parte del temario.

La reunión, que se desarrolló en el despacho de Carlotto, está en línea con la decisión del gobernador Daniel Scioli de impulsar la gestión del SPB en un marco de íntima articulación con la Secretaría.

El objetivo de la articulación entre el SPB y la Secretaría es seguir trabajando para erradicar prácticas institucionales, estructuras y paradigmas autoritarios violatorias de los DDHH desde el desarrollo de políticas de seguridad democrática integrales para el sistema penitenciario bonaerense.

El titular del organismo provincial de derechos humanos destacó la decisión de la jefa del SPB de disolver la Unidad 29 de Melchor Romero como unidad de traslado. “Ese fue un reclamo histórico tanto de esta Secretaría como de otros organismos de DDHH. Es necesario consolidar esta política en el sistema”, explicó Carlotto.

En ese sentido, Carlotto expresó el acompañamiento institucional a la decisión de Piermarini de ordenar que los traslados se realicen entre unidades, evitando periplosinnecesarios durante horas y días de personas que viajaban a una unidad de destino o a un departamento judicial. “Resulta fundamental la consolidación de esta decisión en el sistema carcelario y nos comprometemos a trabajar, desde el ámbito de las competencias de esta secretaría, en la implementación de esta decisión”, afirmó Carlotto.

Carlotto destacó que una de las aspiraciones de la Secretaría ha logrado encauzarse operativamente: garantizar el derechos a la identidad a partir de gestionar los DNI a los privados de libertad.

Uno de los ejes del encuentro fue la Comisión de seguimiento de las medidas cautelares presentadas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación del SPB.

Piermarini explicó que esa Comisión, que reúne regularmente en una mesa de trabajo específico a representantes de las secretarías de DDHH de Nación y Provincia, el Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia a través de la subsecretaría de Política Criminal y el SPB, la Comisión Provincial por la Memoria, el CELS y legisladores provinciales, está trabajando activamente en el análisis de las transformaciones llevadas a cabo en los últimos años y las nuevas propuestas en el ámbito del sistema carcelario provincial.

En ese sentido, Carlotto destacó algunos de los puntos de la agenda que la Comisión de Seguimiento refrenda en el marco de reuniones de comisión y que fueron plasmadas en un Acta Acuerdo rubricada por todos los actores antes nombrados. El titular de la Secretaría de DDHH enumeró:

a para discutir reformas legislativas en materia de modificación del Código Penal, situación penitenciaria y protección de los derechos de personas privadas de libertad).

Durante el encuentro, Carlotto y Piermarini coincidieron en destacar la importancia de reconfigurar y fortalecer un mecanismo provincial interministerial de prevención de la tortura, acción que se sumará a los que ya vienen desarrollando y a las que puedan implementarse en el futuro, en cumplimiento de los lineamientos de los organismos de Derechos Humanos, para el desarrollo de políticas integrales para el sistema penitenciario bonaerense.

En línea con ese acuerdo, Carlotto explicó que el gobernador Scioli instruyó la elaboración de un proyecto de decreto para reactivar el programa de Prevención de la Tortura (PRE.TOR.)

El PRE.TOR. funcionará en la órbita de la Secretaría de Derechos Humanos y poseerá un Consejo Consultivo presidido por el organismo que preside Carlotto y que incluye a los ministerios de Justicia y Seguridad, Desarrollo Social, Salud, Gobierno, Niñez, el Instituto Cultural, la Dirección General de Cultura y Educación y organizaciones de la sociedad civil.

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