La Justicia confirmó una condena contra el Banco Provincia por $5 millones, más la devolución de US$ 1.661 sustraídos durante una ciberestafa.
La Cámara Segunda de Apelación en lo Civil y Comercial de La Plata confirmó una condena contra el Banco Provincia y ordenó indemnizar con $5 millones a una mujer de 40 años que sufrió una ciberestafa después de realizar un reclamo por facturación en redes sociales. Además, la entidad deberá restituir los US$ 1.661 que le robaron, con un interés anual del 6%.
El fallo rechazó la apelación del banco al considerar que sus mecanismos de seguridad y monitoreo no fueron suficientes para detectar operaciones sospechosas y prevenir el fraude. La sentencia ratificó los montos fijados en primera instancia: $3 millones por daño moral y $2 millones por daño punitivo. La damnificada fue representada por el abogado Marcelo Szelagowski.
El hecho ocurrió el 9 de noviembre de 2022, cuando la mujer intentó resolver un problema de facturación con una empresa telefónica. Después de iniciar el reclamo por WhatsApp, fue derivada a un supuesto canal de atención en Twitter, donde delincuentes se hicieron pasar por representantes del servicio.
Los estafadores le indicaron que debía activar el débito automático mediante el token de seguridad de su cuenta bancaria. Convencida de que realizaba un trámite legítimo, la víctima proporcionó sus credenciales de home banking y los códigos de seguridad en dos oportunidades.
Con esos datos, los ciberdelincuentes vendieron los dólares que tenía ahorrados y transfirieron el dinero a cuentas de terceros. La maniobra también incluyó movimientos por $278.500. Las operaciones comenzaron a registrarse a las 10:07 horas y la mujer llamó al banco a las 10:15 hs, mientras todavía se realizaban transacciones.
Durante la investigación se determinó que los movimientos se concretaron en menos de 15 minutos, desde una dirección IP ubicada en Córdoba y hacia cuentas de personas de esa provincia que no tenían operaciones previas con la clienta. La pericia informática detectó transacciones sucesivas sin alertas preventivas eficaces ni bloqueos.
Los camaristas consideraron que la entrega de claves bajo engaño no liberaba automáticamente al banco de su responsabilidad. Según el fallo, la entidad debía contar con herramientas capaces de identificar operaciones inusuales y activar mecanismos para prevenir el fraude o, al menos, demorar las transferencias restantes.
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La resolución también tuvo en cuenta que la mujer denunció rápidamente lo ocurrido y que el banco rechazó su reclamo sin brindar explicaciones suficientes. Los $3 millones por daño moral se fundamentaron en la pérdida de sus ahorros y en más de tres años de reclamos, mientras que los $2 millones por daño punitivo respondieron a los incumplimientos de seguridad y a la conducta posterior de la entidad.
La Cámara confirmó así la sentencia de primera instancia del 30 de abril de 2026 e impuso las costas de la apelación al Banco Provincia. Entre las fallas señaladas se incluyeron la falta de alertas y bloqueos ante operaciones sospechosas y controles de acceso insuficientes para identificar a quien operaba y establecer una vinculación adecuada con las cuentas receptoras.
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