Quilmeño |
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Los jefes comunales le exigen al máximo tribunal que no modifique el cálculo para cobrar el impuesto por Seguridad e Higiene a las empresas del distrito, que se calcula en base a los ingresos brutos provinciales.
Un grupo de más de 40 intendentes bonaerenses que responden a distintas fuerzas políticas, entre quienes estuvieron Martiniano Molina (Quilmes) y Andrés Watson (Florencio Varela), se presentaron ayer en una audiencia pública que lleva adelante la Corte Suprema, que debe dirimir si los municipios pueden cobrar tasas a las empresas que se instalen en sus respectivos distritos.
El acto procesal correspondió a la demanda promovida en 2017 por Esso Petrolera Argentina S.R.L. contra la Municipalidad de Quilmes por el cobro de la tasa por seguridad e higiene, que llegó a la Corte luego de ser desestimada por la máxima instancia de la justicia provincial.
Los jefes comunales, en señal de fuerte reclamo a la Corte que tras la audiencia definirá si cuentan o no con esa potestad, se fotografiaron en la escalinata del ingreso principal al Palacio de Justicia de Talcahuano 550, y luego asistieron a la audiencia de carácter público.
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Renuevan el paso a nivel de Triunvirato
Actualmente, la tasa que cobran los municipios se determina tomando como base los ingresos brutos provinciales del contribuyente, sistema que pretende modificar la parte demandante. Uno de los que lidera el reclamo es la comuna de Quilmes, pero el resto de sus pares se presentaron bajo la figura de amicus curiae, (amigos del tribunal), dado que un fallo adverso podría generar un efecto dominó respecto a otras empresas, lo que recortaría aproximadamente un 35 por ciento las cuentas de los municipios bonaerenses y las arcas del Gobierno provincial.
Ante los jueces del máximo tribunal, Molina justificó la aplicación de la tasa por el "poder de policía" del municipio" que "ampara el orden público y el bienestar del ciudadano", ya que "necesitamos personal para poder actuar", destacó.
En representación de la petrolera habló la abogada María Inés Giménez y afirmó que "la tasa tiene que ser un tributo "vinculado" al servicio, pero "no hay una estricta proporción". La letrada recordó que la tasa se fija por la "capacidad contributiva" y que, en el caso de la que aplica la comuna, significa el 1 por ciento sobre el total provincial, siendo 24 los municipios bonaerenses en los que la compañía tiene sedes que requieren del servicio de seguridad e higiene, por lo que "habría una extensión de la territorialidad" en el cobro.