La Fundación Ambiente y Recursos Naturales elaboró un balance sobre el
cumplimiento del fallo, destacando avances y cuentas pendientes para
recomponer el daño ambiental
A cuatro años del histórico fallo de la Corte Suprema de Justicia que condenó al Estado nacional, la Provincia y la Ciudad de Buenos Aires a sanear la cuenca Matanza-Riachuelo, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) realizó un balance sobre el grado de cumplimiento de la orden judicial que persigue el objetivo de recomponer el daño ambiental y mejorar la calidad de vida de los casi 7 millones de personas que habitan en esa jurisdicción.
La entidad destaca varios logros, conseguidos principalmente en los últimos dos años y gracias a los reiterados reclamos e intimaciones efectuados por la justicia, pero considera que el saneamiento no se conseguirá hasta tanto no se ponga en marcha una "verdadera" política de Estado para la cuenca.
En el informe elaborado por el director de la fundación, Andrés Nápoli, se destaca la ausencia de "un accionar dirigido a establecer un Plan de Ordenamiento Ambiental del Territorio", tal cual lo establece la Ley 26.168, que impide una planificación de las actividades productivas, regule las obras que promueve el sector público y proteja los espacios verdes. Tampoco, asegura, que se logrado consolidar el funcionamiento de la Comisión de Participación Social.
Entre los aspectos pendientes, la FARN subraya que "a cuatro años del fallo todavía no se ha identificado cuál es la población que se encuentra en situación de riesgo, ni se han puesto en marcha las medidas para atender a sus necesidades en materia de salud", a pesar de que reconoce que la ACUMAR (Autoridad de la Cuenta Matanza-Riachuelo) puso en marcha los Nodos de Vigilancia Epidemiológica en diferentes sectores y los Laboratorios de Análisis Clínicos Toxicológicos, que no hicieron más que evidenciar el riesgo sanitario al que está expuesta la población.
Nápoli destacó que en los últimos 18 meses la ACUMAR logró consolidar el proceso de fiscalización de las industrias, que permitió establecer la existencia de más de 20 mil establecimientos radicados en la cuenca, de los cuales unos 11 mil corresponden al sector manufacturero, y 1.300 fueron declarados como agentes contaminantes. De estos últimos, unos 700 iniciaron su reconversión industrial.
El ambientalista explica que "ello no resulta suficiente para mejorar la grave situación de contaminación del Riachuelo", por lo que reclamó que se revise la legislación referida al tema de los vertidos ya que presenta varias deficiencias. Sostuvo que resulta "imperioso" implementar un sistema de control que establezca límites progresivos a la cantidad total de contaminantes que la empresas envían al río.
Respecto al saneamiento de Basurales a Cielo Abierto reconoce que gracias a un convenio entre ACUMAR y CEAMSE se logró remover unos 100 basurales y puntos de arrojo, sobre un total de 360, y se consiguió extraer unas 120.000 toneladas de residuos de los márgenes.
Sin embargo, Nápoli subraya que estos trabajos "no apunta a la raíz del problema", como sería la implementación de una estrategia integral de residuos tendiente a la minimización, separación en origen y recolección diferenciada.
La apertura de la traza costera del Camino de la Sirga (los 35 metros que bordean el curso principal del río) fue considerado como uno de los avances más importantes, ya que se ha logrado desalojar la mayor parte de las ocupaciones ilegales por parte de empresas.
También destaca los pasos dados en la "difícil tarea" de relocalizar a las 2.389 familias que viven en las márgenes. Hasta el momento se han relocalizado 256 familias, pertenecientes a las villas y asentamientos El Amanecer (Lomas), Puente Bosh (Avellaneda), Mi Esperanza (La Matanza), Luján y El Pueblito (CABA).
"Este cambio no sólo implica la posibilidad de acceder a la titularidad de los bienes inmuebles, sino también la garantía de acceder a servicios públicos y evitar la exposición a altos riesgos ambientales", enfatizó el titular de la FARN.
Más allá de ello, Nápoli recalca que sería necesaria iniciar una política de atención de las personas que siguen radicadas del otro lado del Camino de la Sirga, ya que padecen las mismas condiciones.
En su radiografía, la FARN no sólo vuelve a remarcar el carácter "histórico" del fallo de la Corte Suprema, sino que también destaca la actuación del juez federal de Quilmes, Luis Armella, que lleva adelante la causa y que ha marcado un punto de inflexión en la concreción del saneamiento, marcando la agenda y señalando prioridades y plazos.
"Entre las numerosas órdenes impartidas, se destacaron las relativas a la apertura de una traza costera, el desalojo de empresas, la planificación de las redes sanitarias, la mayor eficiencia en el control de las industrias o clausuras, el saneamiento de basurlaes y la progresión del Plan Sanitario de Emergencia".
El ambientalista explica que "ello no resulta suficiente para mejorar la grave situación de contaminación del Riachuelo", por lo que reclamó que se revise la legislación referida al tema de los vertidos ya que presenta varias deficiencias. Sostuvo que resulta "imperioso" implementar un sistema de control que establezca límites progresivos a la cantidad total de contaminantes que la empresas envían al río.
Respecto al saneamiento de Basurales a Cielo Abierto reconoce que gracias a un convenio entre ACUMAR y CEAMSE se logró remover unos 100 basurales y puntos de arrojo, sobre un total de 360, y se consiguió extraer unas 120.000 toneladas de residuos de los márgenes.
Sin embargo, Nápoli subraya que estos trabajos "no apunta a la raíz del problema", como sería la implementación de una estrategia integral de residuos tendiente a la minimización, separación en origen y recolección diferenciada.
La apertura de la traza costera del Camino de la Sirga (los 35 metros que bordean el curso principal del río) fue considerado como uno de los avances más importantes, ya que se ha logrado desalojar la mayor parte de las ocupaciones ilegales por parte de empresas.
También destaca los pasos dados en la "difícil tarea" de relocalizar a las 2.389 familias que viven en las márgenes. Hasta el momento se han relocalizado 256 familias, pertenecientes a las villas y asentamientos El Amanecer (Lomas), Puente Bosh (Avellaneda), Mi Esperanza (La Matanza), Luján y El Pueblito (CABA).
"Este cambio no sólo implica la posibilidad de acceder a la titularidad de los bienes inmuebles, sino también la garantía de acceder a servicios públicos y evitar la exposición a altos riesgos ambientales", enfatizó el titular de la FARN.
Más allá de ello, Nápoli recalca que sería necesaria iniciar una política de atención de las personas que siguen radicadas del otro lado del Camino de la Sirga, ya que padecen las mismas condiciones.
En su radiografía, la FARN no sólo vuelve a remarcar el carácter "histórico" del fallo de la Corte Suprema, sino que también destaca la actuación del juez federal de Quilmes, Luis Armella, que lleva adelante la causa y que ha marcado un punto de inflexión en la concreción del saneamiento, marcando la agenda y señalando prioridades y plazos.
"Entre las numerosas órdenes impartidas, se destacaron las relativas a la apertura de una traza costera, el desalojo de empresas, la planificación de las redes sanitarias, la mayor eficiencia en el control de las industrias o clausuras, el saneamiento de basurlaes y la progresión del Plan Sanitario de Emergencia".
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