Cerca de un millón de brasileños dejaron retratada su irritación en más de 400 ciudades, custodiadas por una operación policial reforzada, durante una jornada de protesta que por primera vez es explícitamente apoyada por partidos de la oposición.
La magnitud de las marchas es un dato sensible para Rousseff, que enfrenta un pedido de juicio político que podría terminar anticipadamente su mandato, previsto hasta 2018, y también para los legisladores que buscan combustible para motorizar ese proceso que está en ciernes en el Congreso.
En Rio de Janeiro, sede de los Juegos Olímpicos en agosto, miles de personas caminaron junto a las playas de Copacabana y tiñeron la ribera marina con los colores amarillo y verde de la bandera nacional, los mismos que identifican a la emblemática selección de fútbol de Brasil, la prenda favorita usada por los manifestantes.
Por su parte, en Brasilia, en la explanada central que conduce al Congreso, 100.000 manifestantes se agruparon en torno a los camiones desde donde los organizadores arengaron la multitud con consignas antigobierno, según dijo la policía militar a la AFP.
En San Pablo, la capital económica e industrial de Brasil, en la manifestación participaron líderes de la oposición que quieren ver a Rousseff lejos del Palacio de Planalto, como el senador Aecio Neves, del partido socialdemócrata PSDB, derrotado por la actual presidenta en las elecciones de 2014.
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