Si bien el gobierno de Macri no ha abusado del recurso del decreto, ha encontrado resistencias en varios casos. El riesgo de que toda la oposición se una para propinarle una derrota en un año electoral.

A la hora de aventurar qué podría esperarse del gobierno de Mauricio Macri, con toda lógica se sugirió reparar en lo que fue su administración porteña. En materia legislativa, donde Cambiemos no tendría mayoría en ninguna de las cámaras, se recordó que tampoco como jefe de Gobierno la había tenido, y así y todo se las había arreglado. Con muchos vetos, lo que hacía pensar en el uso de esa alternativa al frente de la Nación, donde además contaría con una herramienta cuasi legislativa como son los decretos de necesidad y urgencia, de los que se presumía haría un uso intensivo.

Ni una cosa ni la otra. Los vetos fueron escasos -apenas cuatro al cabo del primer año de gobierno-, y los DNU no llegaron a 30. Veintiséis, para ser más precisos. Como comparación digamos que Raúl Alfonsín firmó 10 a lo largo de sus cinco años y medio de gestión, mientras que su sucesor, Carlos Menem, ostenta el récord: 545. Claro que también fue el que más tiempo gobernó, una década. Eduardo Duhalde estuvo en el poder apenas un año y cuatro meses, y firmó 158, aunque convengamos que las suyas fueron circunstancias especiales.

El bonaerense llegó después del mandato trunco de Fernando de la Rúa, que firmó 73 en sus dos años de gobierno. ¿Y los Kirchner? Néstor firmó 270 en los cuatro años y medio que estuvo en el poder; Cristina, a su vez, fue la más moderada después de Alfonsín: 76 en ocho años, la mayor parte concentrados en su primer mandato. Con amplias mayorías en ambas cámaras, no necesitó demasiado de esa herramienta.

Macri arrancó con el pie izquierdo, al impulsar por decreto la designación "en comisión" de dos jueces para cubrir los cargos vacantes en la Corte Suprema de Justicia. Convengamos que esos no fueron DNU, pero generaron una airada reacción de toda la oposición, ante la manifiesta intención de saltear las instancias reglamentarias vigentes para imponer a Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti en el Tribunal Supremo. Para muchos fue un intento de dar una muestra de autoridad ante la oposición. Como sea, fue rápidamente corregido por el propio Presidente, que terminó enviando los pliegos al Congreso, dispuesto a recorrer las instancias pertinentes como correspondía.

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Ese primer verano estuvo signado por una oposición insistiendo en la necesidad de convocar a sesiones extraordinarias. Macri recién llamó a fines de febrero al Senado a sesionar, para tratar ascensos militares y pliegos de embajadores, y dar ingreso a los pliegos de Rosatti y Rosenkrantz. Más experimentados en materia legislativa, los jefes radicales le advirtieron al Presidente que no hiciera sesionar al Congreso hasta tener la certeza de ganar las votaciones. Nada peor para su gobierno que dar una prematura señal de debilidad perdiendo en los recintos.

Mal no le fue al cabo del primer año de gestión, pero de cara al segundo, Cambiemos tiene muy claro que las condiciones han cambiado, en función de ser este un año electoral. Y las cosas irán dificultándose más, conforme avance el calendario. Un adelanto lo tuvo sobre el final del año pasado, cuando la oposición se unió en Diputados para propinarle una sonora derrota con el impuesto a las Ganancias. El oficialismo logró salvar la ropa en el Senado, pero la experiencia le sirvió para congelar las cámaras y postergar los proyectos que había incluido en el nutrido temario de extraordinarias. Del mismo, apenas logró convertir en ley tres proyectos, dos de ellos impuestos por la oposición. Después de lo de Ganancias, las espadas legislativas recomendaron cerrar los recintos hasta marzo, y en el Ejecutivo estuvieron totalmente de acuerdo.

Los estrategas del gobierno sugirieron entonces aprovechar el parate legislativo para echar mano a los decretos a fin de avanzar en temas que estuvieran frenados. No es algo novedoso en Cambiemos; recordemos que en los primeros días de gestión modificó por DNU nada menos que la Ley de Medios, y también cambió por esa vía la Ley de Inteligencia, por ejemplo.

La idea se plasmó el último lunes con la modificación de la Ley de ART a través de un DNU, que ha generado airadas reacciones de parte de la oposición, que argumentó entre otras cosas que "no había necesidad ni urgencia" para tal medida, y que en todo caso podía el gobierno convocar a extraordinarias para resolver el tema. Tomaron como una incongruencia adoptar esa medida cuando el Senado le había dado media sanción a ese proyecto precisamente hace un mes, en su última sesión, en extraordinarias.

El oficialismo argumenta que la urgencia deviene de la necesidad de poner en marcha una nueva reglamentación para cuando termine la feria judicial, atento a la catarata de juicios que se preparaban para presentar ante la inminencia de una nueva ley. Y el no llamado a extraordinarias para tratar el tema en Diputados tiene que ver con la certeza de que la oposición intentaría modificar el proyecto, con lo que el mismo debería volver al Senado y así dilatar el proceso. Añade el oficialismo que el DNU replica el texto aprobado en el Senado.

El otro DNU modifica el régimen de feriados, y es el proyecto que el PEN había enviado al Congreso para su tratamiento en unas extraordinarias finalmente acaparadas por el tema Ganancias. Cómodo en esa postura, el gobierno desea emitir en los próximos días un decreto endureciendo los controles migratorios, y si fuera posible crear por decreto la ley de Primer Empleo que la oposición le trabó todo el año en el Congreso.

El uso del DNU es una tentación para todos los gobiernos, sobre todo por la modificación que impulsó la propia Cristina Kirchner en 2006. Entonces senadora nacional, hizo sancionar la ley que reglamentó el control del Congreso sobre los DNU que tiene características que hacen muy difícil que un decreto pueda ser frenado. Basta que alguna cámara lo avale, o que no sea tratado en el recinto, para que se mantenga vigente.

El trámite legislativo establece que el DNU pase por la Comisión Bicameral de DNU, donde se emitirá un dictamen a favor o en contra, que luego llegará al recinto. Cambiemos ha tenido hasta ahora tres traspiés ahí, el primero en marzo del año pasado, cuando el kirchnerismo logró firmar dictamen de mayoría para derogar el decreto que aumentó el mínimo no imponible. Esa vez bastó con que el representante del massismo no apoyara a Cambiemos para que el FpV quedara en mayoría. La solución que encontró el oficialismo fue no permitir que el proyecto llegara al recinto.

Meses después, la oposición firmó dictámenes contrarios para otros cinco decretos: una modificación al Presupuesto; la eliminación de los reembolsos por exportaciones desde puertos patagónicos; la promulgación parcial del régimen previsional para excombatientes; otro que deja sin efecto el Régimen Especial para Pequeños Refinadores, y por último el que habilitó el ingreso de familiares de funcionarios al blanqueo. Aunque este último caso no corresponde a un DNU, argumenta el gobierno al rechazar que hubiera necesitado del aval legislativo.

En todos los casos el oficialismo no se arriesgó a perder en los recintos y evitó su llegada a los mismos.

No sería la estrategia en este caso. Fuentes legislativas precisaron a este medio que sugirieron al gobierno que el oficialismo no se ponga a la defensiva. "Apurémoslo, para que una vez que esté aprobado por una cámara no lo puedan rebotar", señaló un legislador de Cambiemos. Se espera que la cámara que apruebe ese decreto sea el Senado, habida cuenta de que allí ya obtuvo media sanción.

En el caso del DNU sobre los feriados, el tema generó controversias, fundamentalmente en lo que tiene que ver el 24 de marzo. Fuentes legislativas consideraron ese tema en particular un error, pero quieren resolverlo para antes de que comience el período ordinario.

Recordemos que en la Bicameral de DNU, Cambiemos necesita nueve firmas para obtener dictamen y cuenta con seis miembros, los oficialistas los senadores Luis Petcoff Naidenoff y Silvia Giacoppo, y los diputados Nicolás Massot, Martín Hernández, Alejandro Echegaray y Pablo Tonelli.

No hay manera de contar con el apoyo de los camporistas Marcos Cleri, y Anabel Fernández Sagasti, y los kirchneristas duros Diana Conti y Juliana Di Tullio, por lo que los tres votos faltantes deberían conseguirse de entre el massista Raúl Pérez, el puntano Adolfo Rodríguez Saá (últimamente su hermano gobernador se ha mostrado muy distante del gobierno), o los senadores del PJ-FpV Juan Manuel Abal Medina, Juan Mario País, Graciela de la Rosa y Juan Manuel Irrazábal.

Más allá de la estrategia a utilizar en este caso puntual, desde el oficialismo legislativo le recomendaron al gobierno moderar el uso de los DNU, usándolo "solo para casos muy especiales", porque en caso contrario "se van a unir todos como con Ganancias y nos van a hacer un desastre en un año electoral".

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