La iniciativa apunta a precisar la normativa para evitar hechos como los denunciados por una ex empleada del ministro de Trabajo y la designación de familiares en dependencias gubernamentales.

E l proyecto de nueva ley de Etica Pública, impulsado por la Oficina Anticorrupción (OF), busca una regulación más estricta sobre los conflictos de intereses y el nepotismo, entre otros temas, así como aumentar la cantidad de funcionarios obligados a presentar declaraciones juradas, según la información emitida ayer por el organismo.

El cambio integral a la normativa vigente considera algunos temas que estuvieron en la agenda social durante los últimos meses, como el nepotismo (que resaltó con el caso de la empleada de la familia del ministro de Trabajo, Jorge Triaca) y en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 27/2018 sobre “Desburocratización y Simplificación” del Estado emitido en enero pasado por el Poder Ejecutivo Nacional.

Según el borrador de la nueva Ley de ética pública, se busca prohibir la designación o promoción de “parientes en línea recta o colateral hasta el cuarto grado o segundo de afinidad, para que presten servicios en la jurisdicción donde el funcionario cumple funciones”.

Asimismo, la iniciativa presentada ayer por la dependencia a cargo de Laura Alonso se abre a la consideración del público en general a través de tres plataformas online.

En su contenido, también hay un extenso abordaje del apartado que regula el conflicto de intereses, y se establecen estándares más estrictos y obligaciones adicionales a mayor jerarquía.

A diferencia de la ley vigente, se incorpora una definición general de conflicto de intereses y se regula por primera vez la participación en sociedades.

El presidente, vicepresidente, ministros y funcionarios con categoría equivalente, deben desprenderse de sus acciones o “cualquier otro título valor emitido por sociedades anónimas abiertas” o bien “constituir un fideicomiso ciego” (en el cual los beneficiarios no tienen conocimiento de las inversiones ni derecho a intervenir en su manejo), tal como lo hizo el presidente Mauricio Macri cuando asumió. También hay un apartado para la participación en sociedades cerradas.

Además, de aprobarse este proyecto, los diputados y senadores deberán comunicar ante sus cámaras sus intereses particulares que tengan vinculación con las cuestiones que deban ser tratadas en el recinto.

En el proyecto se prevé la creación de una autoridad de aplicación para cada poder del Estado y el Ministerio Público fiscal; cuya conducción estará a cargo de un funcionario designado mediante un procedimiento de selección público, abierto y transparente que garantice su idoneidad.

En tanto, la OA tendrá autonomía funcional y será autárquica en su presupuesto y su titular será elegido a través de un mecanismo público y tendrá un mandato que durará cinco años.

Para las declaraciones juradas se establece que los funcionarios de mayor jerarquía deberán presentar información adicional que permita una adecuado control de sus vínculos personales y profesionales, como el nombre de padres, hijos mayores y hermanos, socios comerciales y profesionales, entre otras cosas.

Además, al funcionario que incumpla con la presentación de su DD.JJ. inicial o anual se le retendrá el 20% de sus haberes, y quien adeude una presentación al momento de cesar el cargo no podrá volver a la función pública durante cinco años.

También se agregan funcionarios a la obligación de presentar DD.JJ., como el procurador y subprocurador del Tesoro de la Nación; y a los asesores del presidente, vicepresidente, jefe de Gabinete de Ministros y de las máximas autoridades de los entes autárquicos y/o descentralizados de la Administración Pública Nacional.

También se agregan ítems a declarar, desde la posesión de criptomonedas hasta los bienes y/o fondos involucrados en fideicomisos en los que participe el funcionario, ya sea en el país o en el extranjero.

El 21 de febrero se realizará en la Casa Rosada una mesa de trabajo que analizará estos temas, de la que participarán especialistas provenientes de organizaciones de la sociedad civil, del Poder Judicial, del Consejo de la Magistratura, de la Sindicatura General de la Nación, de la Jefatura de Gabinete, del ámbito académico, entre otros.

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