La Corte Suprema de Justicia será quien resuelva si confirma o no el sobreseimiento del titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, en el marco de la causa por presunto cobro de sobornos de la firma Odebrecht.
Es porque la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), a cargo de Sergio Rodríguez, interpuso un recurso de queja directamente ante la Corte Suprema de Justicia, por lo que será el alto tribunal el que defina la situación del funcionario.
El recurso fue presentado luego de que la Cámara Federal de Casación Penal rechazara un recurso extraordinario de la PIA contra un fallo de ese Tribunal que confirmó el sobreseimiento de Arribas determinado en primera instancia por el juez federal Rodolfo Canicoba Corral.
Los camaristas Eduardo Riggi, Juan Carlos Gemignani y Carlos Mahiques desestimaron el planteo que había sido formulado por los fiscales de la PIA, Sergio Rodríguez y Santiago Eyherabide.
Los jueces de Casación evaluaron que para lograr la revisión de la Corte Suprema “es menester que se demuestren defectos graves en la decisión puesta en crisis, que la descalifiquen como acto jurisdiccional válido, lo cual en el caso la recurrente no ha conseguido acreditar”.
Además, sostuvieron que el caso carece de “gravedad institucional”, pues “carece de desarrollo suficiente, y no excede, por ende, de la mera afirmación dogmática”.
“Entendemos que no corresponde hacer lugar al remedio federal interpuesto por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas”, señalaron.
La causa contra Arribas se había iniciado por el testimonio del operador brasileño Leonardo Meirelles, aunque Arribas negó las transferencias y sólo reconoció haber recibido en su cuenta bancaria de Suiza unos 70.495 dólares por la venta de bienes muebles y que el operador había sido elegido por el comprador en Brasil.
“Las transferencias realizadas a un particular fueron efectuadas como consecuencia de una operación comercial lícita en las que no participaron agentes públicos”, justificaron los abogados de Arribas para evitar que el caso sea aceptado por la Corte Suprema de Justicia.
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