En la provincia de Buenos Aires subió en intensidad la discusión sobre la viabilidad de recortar gastos políticos para crear fondos especiales para atender necesidades que surgen ante la pandemia del COVID-19

En la provincia de Buenos Aires subió en intensidad la discusión sobre la viabilidad de recortar gastos políticos para crear fondos especiales para atender necesidades que surgen ante la pandemia del COVID-19.

Hubo un movimiento visible y otro aun no visualizado del todo. Pero la dirigencia política de la provincia de Buenos Aires rápidamente se movilizó para responder a demandas supuestamente espontaneas de la opinión pública.

La sensibilidad parece ser diferente en los principales conglomerados. Mientras en la oposición rápidamente se acción en la dirección de la demanda, sin mayores comentarios e incluso con moderada exposición, en el oficialismo, por ahora, a se ensaya “cierta resistencia que resulta poco práctica”, según apuntan avezados observadores de la política criolla.

Fue el propio gobernador Axel Kicillof el que trató de graficar la situación en el encuentro que tuvo con el presidente Alberto Fernández y Hugo Moyano en la reinauguración del Sanatorio Antártida, que pertenece a la a Obra Social de Choferes de Camiones (OSCHOCA), pero que quedó a disposición de la provincia.

“El Estado en todos sus niveles, nacional, provincial y municipal, está sufriendo con esta cuarentena una caída en su capacidad de recaudación”, dijo Kicillof pero al mismo tiempo remarcó que “no es un momento en el que debamos gastar menos, sino debemos gastar más desde el Estado, porque estamos haciendo inversiones muy cuantiosas”.

El gobernador bonaerense también resaltó que “nadie puede tomar decisiones unilaterales. Ni un municipio, ni una provincia, hay que coordinar esto desde el Gobierno nacional, Gobierno provincial y gobiernos municipales”.

Hay efectivamente municipios que tiene “fondo anticíclicos”, pero esos mismos intendentes admiten que esos fondos no son más que “dos meses de masa” en algunos casos.

Y en otros, donde la masa salarial, como sucede en muchos distritos del conurbano, no supera la mitad de los gastos, advierten que una emergencia alimentaria hace desaparecer ese fondo anticíclico en cuestión de días.

Los temores en los municipios son porque lo que eran especulaciones rastrearas ahora ya son públicas, los fondos coparticipables y la recaudación propia de la provincia están atados al nivel de actividad económica, directamente relacionados el IVA e Ingreso Brutos, y la cuarentena es precisamente allí donde está haciendo impacto negativo.

"No tengo dudas de que la caída va a ser fuerte, de un 40% en la recaudación. Es la tendencia de lo que se vendría la próxima semana", sostuvo el director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard.

Sobre esa especulación es que se montan los intendentes para advertir que la caída en la recaudación propio por tasas municipales va a ser mayor, y estiman una morosidad cercana al 70 %.

Sobre este escenario aparecen dos ideas, una simbólica, los fondos especiales con aportes de “la política”, y otra, extrema, las cuasimonedas.

Fondos Especiales

El jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, se quejó de los reclamos de distintos sectores para que se reduzcan los sueldos de los funcionarios y crear fondos especiales, consideró que es un proyecto "medio tirado de los pelos” y dijo “una parte debe ser operación y la otra ignorancia”.

El hombre de confianza del gobernador Kicillof detalló que en el gabinete provincial tienen “jornadas de trabajo de 15, 16 horas, a veces sin comer, con mucha responsabilidad, con mucha presión sobre la espalda y las operaciones tienden a mostrar que la política estaba pasándola bien”.

“Lo que te puedo decir es que hay mucha fantasía respecto de cuánto ganan los funcionarios”, dijo Bianco, aunque concluyó que “no estoy negando la posibilidad de hacerlo, como una cuestión simbólica, solamente estoy diciendo que no soluciona nada”.

En esta línea es que se expresaron varios referentes del oficialismo, como por caso el intendente de Tigre, Julio Zamora, dijo que “los caceroleos buscan quitarle al presidente Alberto Fernández el apoyo que está teniendo en la clase media”, al referirse al reclamo para que “la clase política” se reduzca los salarios en medio de la pandemia del coronavirus.

Y sobre la demanda de una parte de la sociedad para que haya una rebaja de sueldos en “la clase política”, el intendente interpretó que “cada uno sabe desde su lugar qué medidas tomar, pero no es para hacer una sobreactuación”.

Un vecino de Zamora, el intendente de San Isidro, Gustavo Posse, se expresó en el mismo sentido, pero se quitó parte de su sueldo.

En San Isidro se anunció que una parte del sueldo del intendente, el 60 %, como así también el de los funcionarios municipales, Secretarios, Subsecretarios y Directores Generales, que alcanza al 40 % de los haberes, será donada a la Cooperadora del Hospital Central de San Isidro durante los meses de abril y mayo.

El destino de ese dinero, será la compra de más insumos médicos imprescindibles para enfrentar la pandemia del coronavirus.

Pero el alcalde no dejó pasar la oportunidad para considerar que el aporte “representa el 0,1% de lo que invertimos en insumos, esto es un gesto a los vecinos que no tiene repercusión presupuestaria”, pero deslizó que “es bueno en estas circunstancias que colaboremos, cada uno, desde el lugar que ocupa”, destacó.

San Isidro tiene tres hospitales municipales, el Central, el Materno Infantil y el de Boulogne; y catorce Centros de Atención Primaria que se atienden con lo que se recauda por el pago de tasas municipales por parte de los vecinos.

Posse no fue la excepción, pues en casi todos los municipios gobernados por mandatarios que integran JxC, recurrieron a esa acción, en algunos casos incluso participaron de la quita concejales del mismo signo político y hasta legisladores provinciales.

Suprema Corte

El máximo tribunal de Justicia bonaerense dispuso que jueces podrán hacer "aporte solidario y voluntario" de sus sueldos ante emergencia sanitaria

La Suprema Corte de Justicia bonaerense estableció que magistrados y funcionarios judiciales podrán hacer un "aporte solidario y voluntario".

Según se estimó, la medida alcanza a unos 2500 jueces, fiscales y funcionarios de la Justicia provincial; y se trata de un porcentaje que va de entre el 15 y el 20 por ciento de los salarios que será destinado a "solventar la adquisición de insumos necesarios para atender la emergencia sanitaria" ante la pandemia del coronavirus.

La medida fue oficializada a través de una resolución firmada por el presidente del tribunal provincial, Eduardo de Lázzari, que invitó a la Procuración bonaerense a sumarse a la iniciativa.

La Suprema Corte creó el "Sistema de Aporte Solidario" por medio del cual los magistrados y funcionarios podrán ceder de manera voluntaria entre el 15 y el 20 por ciento de sus salarios, dependiendo la categoría.

"Esta Suprema Corte de Justicia, comprendiendo la situación económico- financiera de la provincia, expresada en innumerables oportunidades al abordar su presupuesto, no puede soslayar el actual contexto de emergencia, ni dejar de contribuir a los esfuerzos del Estado provincial y de la sociedad toda", explicó el Tribunal.

"Ante el duro trance que enfrenta la sociedad argentina, elevadas razones de interés público tornan aconsejable instar el mecanismo solidario que se ha de instituir y disponer lo necesario para hacer economías del gasto en un contexto de estricta austeridad", agregó en su resolución la Suprema Corte.

El aporte voluntario, estableció la Corte, podrá ser hecho a instituciones estatales o de bien público de la provincia, "dedicadas a la atención sanitaria de esta pandemia".

“Esto es un gesto a los vecinos que no tiene repercusión presupuestaria”, destacó

Otra Iniciativa

Un concejal de Juntos por el Cambio presentó ante el Concejo Deliberante del distrito de Ituzaingó un proyecto para que todos los integrantes del Cuerpo “cumplan distintas tareas de asistencia a los vecinos” en el marco del aislamiento obligatorio por el coronavirus.

Así, el concejal Ezequiel Carrizo redactó un proyecto que busca facilitarle a los vecinos de Ituzaingó acciones de su vida cotidiana en procura de cumplir debidamente con el aislamiento social, preventivo y obligatorio.

Con el visto bueno de buena parte del Concejo Deliberante local y en particular de los titulares de los bloques JxC, Gabriel Pozzuto y de Pro-Cambiemos, Ana De Benedetto, Carrizo avanzó en la iniciativa que catalogó como “un acto patriótico” ya que pese al aislamiento “nosotros seguimos percibiendo nuestra dieta como ediles de este Cuerpo y debemos honrar la representatividad que nos fue dada por nuestros vecinos a través del voto”.

En este marco el escrito de Carrizo sugiere implementar un cronograma de cinco días a la semana o más, según la predisposición y las posibilidades de cada edil, en una franja horaria no menor a las ocho horas.

Entre las acciones concretas que propone el concejal enumera la posibilidad de entregar en la casa de los vecinos que lo requieran alcohol en gel; lavandina; barbijos y guantes; prestar asistencia a personas de la tercera edad que se encuentren solos para ir a la farmacia o a un supermercado; u organizar la fila del banco en los días en que se habilite el pago en las sucursales, por ejemplo.

Si bien admite que en el contexto de la pandemia por el coronavirus hay acciones indelegables y arriesgadas que son llevadas adelante por médicos, enfermeros y las fuerzas de seguridad, entre otros, “nosotros como representantes de nuestros vecinos no podemos ser ajenos a ciertas tareas, por el contrario, debe nacer de nuestra vocación de servicio jugárnosla por el bien común de nuestros semejantes”, destacó.

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