Los números de las consultoras terminaron de confirmar los que se veía venir en los principales despachos del gobierno de la provincia de Buenos Aries, tras varias semana en franca conflictividad con diversos sectores y con respuestas que brillaran por su ausencia, la confianza de la ciudadanía empieza a ser esquiva para el gobierno de María Eugenia Vidal.

Los números de las consultoras terminaron de confirmar los que se veía venir en los principales despachos del gobierno de la provincia de Buenos Aries, tras varias semana en franca conflictividad con diversos sectores y con respuestas que brillaran por su ausencia, la confianza de la ciudadanía empieza a ser esquiva para el gobierno bonaerense.

El gobierno empieza a necesitar hechos, los necesita la gestión tanto como los vecinos que tuvieron que abandonar sus casas en las zonas afectadas por el temporal. Hay aun mucha empatía pero esa predisposición sicológica tiene necesariamente que ser alimentada con tangibles.

No todas las respuestas tienen que partir de la gobernación provincial, de hecho sólo algunas pueden tenerla como autora principal, de los conflictos que se van sucediendo, y que perduran en el tiempo, no encuentran un desenlace en un gobierno que insisten en sostener la marca Cambiemos.

Tal como se señaló desde estas páginas, el episodio que protagoniza el actual presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, el bonaerense Emilio Monzó, tiene su capítulo provincial; también están los coletazos de la CC y de la UCR que a partir de cuestiones nacionales empiezan a producir sus propios ruidos provinciales.

El cúmulo de cuestiones comienza a hacer mella en los lugares más sensibles, donde los equilibrios siempre se mantienen inestables, por caso, en lo que derivó la última jornada legislativa donde en la Cámara de Diputado se aprobó, por la ausencia de cuatro legisladores del bloque oficialista, que se retiraron al momento de la votación, un proyecto de ley que básicamente es una declaración política respecto del "no desembarco" de Farmacity en la provincia de Buenos Aires, mientras se denuncia que se están desarrollando cadenas similares al amparo de la normativa vigente.

A esta maniobra inexplicable de algunos diputados del bloque oficialista que se "dejaron ganar", se sumó una denuncia pública de un reconocido ex funcionario legislativo que objetó la legalidad de lo actuado al aducir incumplimiento del reglamento interno del Cuerpo, respecto del régimen de licencias. Si animó a hablar de "diputruchos".

Es esta Cámara de Diputado que, más temprano que tarde, tendrá que considerar la quita de tasas municipales que se trasladan a los usuarios de electricidad y agua si es que finalmente el Senado avanza en el tratamiento del proyecto que remitió el Ejecutivo, para quitar el 6% de la factura de la luz y el 4% en la de agua.

Un Cuerpo colegiado como el de Diputados, con ese nivel de desencuentros, se vuelve impredecible y más aun cuando de cuestiones sensibles estamos hablando.

Pero es la política, aunque todos los miembro de la alianza gobernantes están de acuerdo en exclamar a viva voz el sostenimiento de Cambiemos, los años en el poder empiezan a torcer esa linealidad de la historia y ese liso elevar, sin mayores sobresaltos, que experimentaron comienza a mostrar sus propias contradicciones.

Tarifas de luz

Intendentes del peronismo y del Frente Renovador expusieron ayer ante la Comisión de Asuntos Municipales de la Cámara de Diputados de la Nación, para llevar la propuesta de reducir tasas municipales a cambio de que el Gobierno elimine impuestos, como el IVA, que va del 21 al 27 por ciento, en las tarifas de los servicios públicos.

El objetivo de los alcaldes es obtener un dictamen de Comisión para tratar un Proyecto de Ley elaborado por el FR-UNA y Argentina Federal, que, además, busca habilitar a los municipios cobrar la tarifa de luz como servicio público a precio de generación y no a precio de distribución. De este modo, se bajaría de manera importante el costo para trasladarlo a los vecinos de cada municipio. Pero Cambiemos no envió a sus legisladores y frustró la intentona.

La jugada comenzó a armarse el último viernes, cuando el alcalde massista de Las Heras, Javier Osuna, lanzó un decreto que implementa descuentos en las tasas a quienes acrediten un gasto mayor a 2 mil pesos en la boleta de luz. Pero no se quedó allí: la propuesta era que Nación también "resigne" para aliviar el impacto de las tarifas a partir de la eliminación del IVA de las boletas.

Los intendentes massistas, entre los que se encontraban Julio Zamora, de Tigre; y Luis Andreotti, de San Fernando; expusieron ante los diputados con un pedido de "razonabilidad" para que las tarifas no se disparen en relación a los sueldos.

La intendenta de La Matanza y presidenta de la Federación Argentina de Municipios (FAM), Verónica Magario, también llevó la voz cantante ante la Comisión legislativa de la Cámara de Diputados de la Nación y sostuvo que "el Gobierno está ejecutando medidas que buscan mermar la autonomía de los municipios".

Tarifas de agua

Mientras esta semana comenzó a aplicarse el aumento dispuesto por Agua y Saneamientos (AySA), el Defensor del Pueblo Adjunto de la Provincia, Walter Martello, elaboró un informe donde advierte sobre el impacto del nuevo esquema tarifario.

Afirmó que puede ocasionar problemas adicionales como consecuencia de la quita de descuentos y la disminución de los recursos destinados a sostener las tarifas de los sectores más vulnerables. Mientras tanto, la facturación de la empresa sube año a año.

Martello también advirtió que cada vez son más los usuarios que dejan de pagar las tarifas: las cuentas incobrables se incrementaron en casi 400% en los últimos tres años.

"A través de sus resoluciones, donde consagra al Derecho al Agua como un Derecho Humano y apunta a los sectores de niñez como los más vulnerables frente a ese derecho, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) sugiere que el costo del agua no debería superar el 3% de los ingresos del hogar, situación que se vulneraría a partir de facturas que superen los $ 600 en hogares cuyos ingresos no superen los $ 20.000", destacó Martello, que está a cargo del Observatorio de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Defensoría.

En ese sentido, el Defensor del Pueblo Adjunto puso como ejemplo un hogar del Conurbano, que en el año 2016 pagaba 234 pesos por mes, siendo una vivienda con una valuación fiscal de 110 mil pesos.

"Dos años después, esta misma familia deberá abonarle a AySA $ 814,25, muy por encima de las recomendaciones de los organismos internacionales", señaló el Defensor del Pueblo Adjunto.

Temporal

Tras el temporal de lluvia y viento que se desató durante el fin de semana, todavía unas 1.200 personas continúan evacuadas en seis distritos de la provincia de Buenos Aires, según informaron fuentes municipales y provinciales.

El temporal que provocó la muerte de un hombre y su hijo en el partido de Tres de Febrero y que destruyó varias viviendas, tiene a 527 personas evacuadas en La Matanza y alrededor de 400 en Merlo, dos de los distritos más afectados por el agua. Además, se informó que permanecen afectadas las localidades de Mercedes, con 25 evacuados, Luján con 90, en Pilar se registran 121 y Ramallo 50 evacuados.

En Merlo, los afectados permanecen en cinco centros de evacuación hasta tanto puedan volver a sus casas. Sin embargo, muchas de ellas quedaron destruidas tras el fuerte temporal, lo que llevará semanas de trabajo; el tiempo tampoco acompaña pues los pronósticos de lluvia continúan por los próximos días.

Mientras que Mercedes y Luján el río está en bajante, en Pilar permanece estable pero a casi dos metros arriba del cauce normal.

Por su parte, desde el ministerio de Desarrollo Social de la provincia informaron que, entre domingo y lunes, a los municipios afectados por la lluvia se le entregaron 10 mil kilos de alimentos; 7 mil litros de agua; 4.150 artículos para dormir, reparar techos y limpieza.

Además, por último, se destacó que seguirá la asistencia desde la provincia.

Inseguridad en Tres de Febrero

La oposición de Tres de Febrero buscará hoy avanzar con un pedido de interpelación contra la gestión del intendente Diego Valenzuela.

En ese sentido pedirán la remoción del secretario de Seguridad del municipio, Juan Manuel Lucioni, un oficial del Ejército que fue sancionado por esa fuerza por reivindicar la última Dictadura.

Lucioni llegó de la mano de Valenzuela y en dos años y medio "no ha cesado la inseguridad y crecieron los problemas de marginalidad".

"Valenzuela otorgó 700 millones de pesos de presupuesto para seguridad y subejecutó 44 millones de pesos. Nada cambió. La semana pasada en cuestión de horas tuvimos dos asesinatos", precisó a NA el concejal Máximo Rodríguez (Frente para la Victoria).

Hoy van a pedir la interpelación de Lucioni en la Comisión de Seguridad, luego de los hechos de inseguridad que se produjeron en Tres de Febrero.

"El problema que al ser en comisión solo va a dar una charla y se va, cuando queríamos que dé las explicaciones correspondientes en el Concejo Deliberante", precisó Rodríguez.

De todas maneras, la oposición volverá a retomar los cuestionamientos a la gestión de Lucioni si no llega a prosperar el pedido de interpelación a Lucioni.

"Vemos que, por los hechos ocurridos, no ha cesado la delincuencia y barrios como Jardín, Villa Bosch y Caseros, se agravaron los episodios de inseguridad. Y en la zona que llaman del fondo, los problemas de marginalidad crecieron", precisó.

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