El secretario de Comunicación, Federico Suárez, una de las figuras de la mesa chica de la mandataria, fue el encargado de hacer la apertura y repasar los "logros" alcanzados por la gestión

El día no podía ser mejor para el encuentro del gabinete ampliado que comandó ayer la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, en la República de los Niños, en La Plata, para luego partir hacia China.

El secretario de Comunicación, Federico Suárez, una de las figuras de la mesa chica de la mandataria, fue el encargado de hacer la apertura y repasar los “logros” alcanzados por la gestión de Cambiemos desde el 10 de diciembre de 2015, cuando Vidal asumió su función. Un relato que llamó la atención por su optimismo y que contrastó con el más pesimista informe que presentó el ministro de Economía que, no sin cierto estilo K, deconstruyó el relato mediático que la provincia de Buenos Aires fue la gran ganadora del nuevo pacto fiscal. Para Lacunza, per capita sigue siendo, por lejos, la que menos recibe.

El bastonero del encuentro fue el propio jefe de Gabinete, Federico Salvai, alguien que empieza a marcar distancia del resto de la dirigencia provincial y se muestra como el brazo directo de la primera mandataria ahora sin disimulo, a partir de su ascenso en la estructura política nacional del PRO.

Pero esa posición de Salvai también empieza a tener su riesgo. Por caso, mucho dirigente que ayer se dio una vuelta por la República de los Niños no salió tan convencido de los esfuerzos que está haciendo el Ejecutivo respecto del gasto, por el contrario. Y señalan a Salvai como el comisario de toda esta movida que si bien beneficia a la gobernadora también derrama en sus decididores inmediatos, mas no en todos.

La bronca en algunos intendentes, legisladores o funcionarios de terceras líneas se entiende a partir de que los ministros hablan de un recorte del 20 % desde el arranque de la gestión de Vidal que en definitiva nunca estuvo “bien documentado”. Pero además ahora se pone el acento en que las asistencias financieras a los municipios deben cumplir con ciertas pautas que, en principio, son lógicas y normales, pero nunca se sabe, la letra chica no está del todo clara.

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También los observadores avezados entienden que el esfuerzo aparece claramente desproporcionado, si la Legislatura bonaerense realiza un recorte que supera los 2.500 millones de pesos y se está hablando del 1,5% del presupuesto total de la provincia, no parece que sea mucho el esfuerzo que hace el Poder Ejecutivo con un achique que alcanza los 600 millones en el restante 98,5% del presupuesto general de la provincia.

Muchos entienden que está bueno hablar de transformación, como habló incluso la gobernadora ayer en su discurso, pero al mismo tiempo advierten que hay que estar atento porque de lo que se trata es “dejar de ser perro, no cambiar de collar”.

En ese sentido entienden que el Ejecutivo podría haber hecho un esfuerzo mayor si de recortar el “gasto político” se trata, con solo derogar el decreto 1278 -promulgado en octubre de 2016-, que estable el régimen modular para el personal de gabinete y otorga entre 30 y 20 mil módulos a los funcionarios de alto rango para contratar asesores se podría haber ahorrado muchísimo más.

Pero al mismo tiempo se repliegan y entienden que tampoco se trata de ello sino de encontrar un sendero común de transformación que los pueda contener a todos, y no solamente a los oficialistas sino también a los opositores que empiezan a sopesar la necesidad de avanzar en un debate que establezcas mejores herramientas para el necesario financiamiento de los partidos políticos.

Por caso, la Municipalidad de La Plata, que comanda el intendente Julio Garro, anfitrión en el encuentro de la República de los Niños, anunció que ahorrará en 2018 unos 67 millones de pesos en salarios a partir de una reducción del 30% de cargos políticos del gabinete, y anticiparon que se destinarán a obra pública e inclusión.

De esa manera, el Ejecutivo platense adherirá al pacto fiscal que impulsó la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, y que se sancionó el martes pasado en la Legislatura local con el objetivo de ordenar los gastos de los municipios.

Ese acuerdo dispone una serie de pautas y límites en los aumentos de tasas, un tope al porcentaje de contratación de personal en el sector público respecto a la población de cada distrito.

Como contrapartida, otorga la posibilidad a las comunas de obtener nuevos endeudamientos y avales y garantías para servicios financieros, como la contratación de leasing o arrendamiento financiero.

En ese sentido, el intendente Garro dijo que “la reducción de la planta de funcionarios de la comuna platense no afectará la estabilidad laboral de los empleados”, aunque reconoció que sí se evalúan “cambios y reasignaciones en algunas oficinas, así como fusiones de áreas para optimizar el funcionamiento general y los recursos humanos”.

Actualmente, la comuna cuenta con unos 200 funcionarios, entre secretarios, subsecretarios y directores de áreas, que insumen en términos salariales unos 96 millones de pesos anuales.

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“Estos fondos se destinarán a obra pública y programas de inclusión social”, anticipó el intendente Garro en relación al achique de cargos políticos, lo cual implicará un ahorro de 67 millones de pesos anuales para la comuna.

Mientras el Ejecutivo del municipio de Ituzaingó, encabezado por el intendente Alberto Descalzo, acelera con los concejales que ya comprometieron su voto para acompañar las reformas en el Código de Ordenamiento Urbano antes del recambio legislativo del 10 de diciembre próximo, un grupo de vecinos de Parque Leloir irrumpió con fuerza en el debate público para rechazar las modificaciones y exigir que su voz sea escuchada.

“Nunca antes, desde el conjunto de excepciones y en un mismo ensayo, la zona asumida desde la ordenanza 2013 como Área Ampliada Ecológicamente Protegida se ve palmariamente vulnerada en su paisajismo, napas, destrucción arbórea y aniquilación de fauna”, indica una nota que presentaron desde Parque Leloir Asociación Civil (PLAC) al intendente.

En el texto, los integrantes de PLAC objetan futuras excepciones que no cuenten con audiencia pública en la que participen los vecinos afectados y el respectivo estudio de impacto ambiental.

Además requieren suspender el llamado a modificar el Código de Planeamiento Urbano sin previa exposición ante los vecinos que van a ver modificada la geografía de los barrios que habitan, y también exigen audiencia y estudio de impacto ambiental.

“Parque Leloir es una zona ecológicamente protegida en donde se están proyectado mega emprendimientos que no respetan las ordenanzas que supimos conseguir, por medio de las excepciones”, explicó Rubén Amer Maida, flamante titular de PLAC.

La nota enviada por los vecinos defensores de los espacios verdes recuerda que, con fecha 10 de noviembre de éste año, mantuvieron una reunión con el presidente del Concejo Deliberante, Pablo Descalzo, y el secretario de Servicios Públicos y Mantenimiento Urbano, Juan Manuel Álvarez Luna, en la que se acordó rever la zona comercial planteada en el proyecto.

En cuanto al COU, la idea inicial es que sea discutido por la actual conformación del cuerpo deliberativo. La fecha posible estimada es la del miércoles 6 de diciembre.

Para que el tema sea enviado al recinto, Descalzo pretende garantizarse los votos con los que en principio ya cuenta para aprobar el proyecto, que serían los del oficialismo y los del Frente Renovador, aunque esta última fuerza política junto a Cambiemos serían los árbitros de la pulseada.

Hasta el momento, ningún integrante de Cambiemos Ituzaingó recibió una sola objeción al código qué presentó Descalzo. Con lo cual, se descarta que habrá aval político para acompañarlo. Es que, en realidad, todos los sectores políticos están de acuerdo con el cambio en el COU y valoran el trabajo realizado por el gobierno municipal, aunque plantean salvedades como la modificación del hábitat natural de zonas como Leloir, Haras Miryam y parte de Udaondo.

Una denuncia penal realizada por concejales de Ensenada advierte sobre la adjudicación de “varias Licitaciones y Concursos de Precios a empresas que competían entre sí, y que de acuerdo a las pruebas pertenecían a los mismos dueños”. Así, denunciaron penalmente al intendente de ese distrito, el kirchnerista Mario Secco, por el presunto “delito contra la administración comunal”. La imputación fue formalizada ante la Unidad Fiscal de Investigaciones Nº 2 por las concejales Marcela Lucena, del espacio FE en Cambiemos y María del Rosario Fernanda Ivelli, del PRO.

Allí se reparó en la existencia de serias irregularidades en la contratación de una empresa para la realización de obras de servicios de Monitoreo, Servicio de Internet, adquisición de Cámaras Domo, y materiales para instalación y tendido de fibra óptica por más de 4 millones de pesos.

“Hemos detectado una sospechosa conectividad entre dichas empresas, que tendrían el fin de simular licitaciones y concursos de precios, que en realidad pertenecerían al mismo núcleo de personas”, sostuvo la concejal Lucena tras la presentación en la justicia.

“Evidentemente son maniobras maliciosas tendientes a simular la existencia de tres empresas con diferentes nombres comerciales y titularidades, con el único objeto de resultar adjudicatarias de obras a través de decretos del Intendente”, detalló la dirigente local.

Las maniobras fueron “tan burdas” que las tres empresas están asentadas en el listado de proveedores del municipio de Ensenada con el mismo número de teléfono y uno de los oferentes era parte del Directorio de la otra empresa que también era oferente, según la información suministrada por las denunciantes.

“Resulta poderosamente llamativo que a lo largo de tantos procesos licitatorios, ningún funcionario interviniente, ni el intendente haya reparado en la cantidad de nexos que unían a estas empresas”, amplió Lucena.

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