La idea de la gobernadora María Eugenia Vidal tendría una nueva modificación en Diputados, luego de que el Senado también desdoblara el proyecto original, pero finalmente la morigeración de los aumentos en las tarifas de luz y agua llegarán a los usuarios bonaerenses.
“Todo camino derecho dobla para el que anda de a pie”, reza un canto sureño que no es ajeno a los pesares de la gobernadora Vidal, pues su idea de limpiar tarifas de luz y agua de conceptos extraños a los costos del servicios esenciales, tendrá una nueva vuelta en la Cámara baja provincial, y por lógica en el Senado.
Sucede que en las últimas horas las negociaciones en la Cámara de Diputados se cargaron de novedades, tal es así que el presidente de la Comisión de Presupuesto Marcelo Daletto dijo que “estamos escuchando a los Intendentes”, hay que ser muy sordo para no escuchar a los intendentes respecto de este tema.
En rigor fue la propia gobernadora Vidal, que antes de partir hacia Italia con su jefe de Gabinete, Federico Salvia, dio las puntadas finales de un acuerdo con los mandatarios locales de la provincia de Buenos Aires.
Desde esta columna se advirtió días pasados el entendimiento buscado de esta cuestión que parece muy económico: hay unos 2 mil millones de pesos en danza, pero es más que nada un tema político, y como tal no se trataba de avanzar con una ventaja mínima legislativa, sino de ir abriendo camino de un amplio consenso que finalmente terminaron de cerrar los principales referentes.
El presidente de la bancada de Cambiemos, el marplatense Maximiliano Abad, advirtió en el inicio de la jornada que “estamos explorando la posibilidad de eliminar la totalidad de impuestos y permitir que los municipios cobren tasas a las distribuidoras sin que se trasladen a las tarifas”.
Esta idea expresada por Abad en cierta medida fue sostenida por el massismo en el Senado en su despacho de minoría, que sólo consiguió el voto positivo de los dos miembros de esa bancada, pues el UC-FpV y el PJ-UyR unificaron postura en otro despacho de minoría.
Como se sabe, para hacer operativa la quita o limpieza de tarifas, sobre el monto total de las facturas, del 15,7% en electricidad, 6,3% en gas y 6,3% en agua, la gobernadora Vidal combinó medidas a través de proyectos de ley y decretos.
En lo que al proyecto de ley respecta, por estas horas, la Cámara de Diputados busca sancionar uno que permite alcanzar aquella quita en las facturas al “limpiar” conceptos, el 6 % en luz y el 4 % en agua, incorporados al costo final del servicio. Originalmente, en rigor, el proyecto no elimina el concepto sino que lo reduce a la mínima expresión, el 0,01 %, impidiendo de esa forma que las administraciones locales puedan cobrar tasas municipales diversas a las distribuidoras, pues ese mínimo porcentaje sería en ese concepto.
Abad admitió que se podría habilitar a los municipios a percibir una “tasa compensatoria directamente de las empresas” prestatarias del servicio de suministro de energía eléctrica y eventualmente de agua, sin que se traslade a las tarifas, algo que el oficialismo resistió en algún momento.
Daletto completó las declaraciones del jefe de bancada, al detallar que “durante la última reunión conjunta de las comisiones de Presupuesto, Servicios Públicos y Legislación General, recibimos a intendentes como (Mario) Secco de Ensenada o (Juan Ignacio) Ustarroz de Mercedes que nos pidieron eliminar la contribución del 6 %, y nos pareció muy viable esa propuesta”.
Pero fue finalmente un acuerdo que selló la gobernador Vidal con la inmensa mayoría de los intendentes de la provincia a través de dos vías, el líder renovador Sergio Massa y el tridente de intendentes dialoguistas que conforman Fernando Gray, de Esteban Echeverría, Martín Insaurralde, de Lomas de Zamora, y el titular de PJ bonaerense e intendente de Merlo, Gustavo Menéndez.
El acuerdo alcanzado por la gobernadora Vidal que involucra a los intendentes, diputados y senadores del Frente Renovador y del denominado PJ “dialoguista” vuelve a dejar aislada a los bloque de UC-FpV en este tránsito hacia la morigeración de las subas en las tarifas que percibirán más temprano que tarde los ciudadanos bonaerense. Porque incluso el tratamiento de este proyecto siempre contó con el beneplácito de intendentes vecinalistas sueltos que tiene la provincia y con sus correspondientes legisladores o expresiones políticas parlamentarias menores.
Mientras los rumores señalan que habría acuerdo entre el Ejecutivo provincial, el Frente Renovador y los intendentes peronistas dialoguista para modificar este proyecto de ley de tarifas, el grupo de jefes comunales del Conurbano sumará una nueva banca. Se trata del PJ-UyR que conduce el referente histórico del peronismo tal como es Julio Pereyra, intendente de uso de licencia de Florencio Varela.
Es que la diputada de Unidad Ciudadana Susana González, que se referencia con el intendente de Ensenada Mario Secco, alguien que en persona estuvo tratando de frenar el tratamiento de esta iniciativa, se tomó licencia por un mes, y en su lugar asumirá María Cristina Vilotta, actual secretaria general del municipio de Almirante Brown.
Con perfil bajo, la funcionaria municipal asumirá hoy, pero para sorpresa de muchos, no será parte del bloque de Unidad Ciudadana, sino que el del espacio conducido por Julio Pereyra. Dejando al bloque de UC con 21 integrantes y al del PJ con 9 en lugar de sus ocho titulares.
De esta forma Vilotta no sorprende a nadie, pues responde políticamente al jefe comunal Mariano Cascallares, y su aterrizaje en el bloque de intendentes es también donde reporta este mandatario del Sur.
“Cristina Kirchner, para gran parte de la población bonaerense, es la líder indiscutible como opositora”, arrancó reflexionando el actual senador provincial Sergio Berni que llamativamente en las últimas horas copó medios como hacía tiempo no realizaba.
Pero después de esa frase dio lugar a una catarata de definiciones durísimas en contra de la actual conducción actual del peronismo bonaerense, y particularizó su disgusto en Gustavo Menéndez.
Por caso el ex secretario de Seguridad de la Nación dijo: “Tenemos el peronismo de la Provincia de Buenos Aires que todavía no sabemos muy bien qué es. Hemos visto con mucha tristeza esa nota que decía que Menéndez, en la visita que hizo Vidal a Merlo, le ofreció al peronismo en una suerte de alianza. Me hubiera gustado que lo desmienta en el mismo diario en el que salió la nota. Desmentirlo por tuit...”.
Pero eso no fue todo. El actual senador provincial también consignó “cuando usted habla con muchos allegados (a Menéndez) no se lo niegan. No es una cuestión de si lo respeto o no: ha faltado a los principios del peronismo. No me representa ni a mí ni a muchísimos compañeros del peronismo, que no entendemos como el presidente del partido haya dividido los bloques en Diputados, que es el único lugar en donde podemos poner un freno a las políticas de avasallamiento de la gobernadora”.
Pero por si algunos siguen dudando de las verdaderas revelaciones de Sergio Berni, dijo más “el Partido Justicialista aprueba todas las leyes que manda la gobernadora como un fiel servil. Todavía, el presidente del Partido Justicialista no ha tomado nota que somos un partido de oposición. Y además somos un partido de poder. El diálogo en política es necesario, pero no la entrega, no el servilismo. Nosotros dialogamos con todo el mundo porque consideramos que desde el consenso y desde el disenso se construyen las políticas públicas. Eso no quiere decir que uno tiene que entregar toda su doctrina y todo su ideal, en beneficio que nadie sabe por qué”.
Según su círculo íntimo, Lucas Ghi, candidateado por Nuevo Encuentro para ocupar el sillón de la intendencia en 2019, ve cada vez más complicado su objetivo de llegar nuevamente a casa de gobierno local del distrito de Morón debido a que su mentor, Martín Sabbatella, deberá desfilar por tribunales, luego de haber entregado fondos millonarios en subsidios de forma discrecional a organizaciones durante su estadía en la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA).
El pedido de elevación a juicio de ambos lo firmó el fiscal Carlos Stornelli y ahora deberá resolver el juez Luis Rodríguez. Según Stornelli, el mayor de los Sabbatella está acusado de repartir 7 millones de pesos en subsidios de forma discrecional a organizaciones “sin que pidieran el dinero” y “con rendiciones de cuentas irregulares”, provocando un fuerte perjuicio económico al Estado.
Una foto del líder político de Ghi desfilando por Tribunales no sería la mejor propaganda de cara a lo que se viene. La militancia está que truena porque el caso Sabbatella ya superó la categoría de “persecución política” con que el arco opositor señala al oficialismo nacional. La causa avanzó y las consecuencias podrían ser cruciales frente al año electoral. “Esto es gravísimo y disuelve la estrategia de campaña”, afirman desde el entorno de Ghi, que están “recalculando” o reiniciando el GPS para definir el camino a seguir.