Hace una semana entró en vigencia la nueva ley de alquileres. Con "hasta tres meses de deuda" en algunos casos, los locatarios se encuentran con complicaciones para afrontar su contrato debido a las complicaciones económicas por la pandemia por coronavirus

Uno de cada cuatro inquilinos no podrá pagar el alquiler de julio o lo pagará parcialmente, reveló una encuesta realizada en el ámbito porteño a una semana de vigencia de la nueva Ley de Alquileres.

La encuesta, realizada por Inquilinos Agrupados entre más de 1500 inquilinos de la Ciudad de Buenos Aires, destacó asimismo que el 25% del segmento que no puede hacer frente al pago del alquiler "está acumulando hasta tres meses de deuda acogiéndose al Decreto federal que refinancia el déficit locativo".

"Vemos un proceso de endeudamiento muy fuerte en el sector", dijo a este diario Gervasio Muñoz, titular de la entidad, que consideró fundamental "elaborar mecanismos desde el estado para lograr el cumplimiento (de la nueva Ley) y extender el decreto 320/20 hasta marzo del 2021 para evitar aumentos y desalojos que lleven a una crisis habitacional aún más grave".

Por otra parte, el informe de la entidad difundido ayer indicó que el 51% de los locatarios no pudo lograr el cumplimiento del decreto 320/20, en tanto que el 46% tuvo conflictos con respecto a su contrato de alquiler.

Asimismo, la encuesta mostró que a pesar de la obligatoriedad de pagar por CBU el 29% no pudo hacerlo y que otro 28% declaró haber sufrido amenazas de desalojo o no renovación de contrato.

En este sentido Muñoz manifestó que "la nueva ley de alquileres es muy resistida por el mercado inmobiliario y se están llevando adelante estrategias para no cumplir la ley ni el decreto que suspende desalojos y congela el precio de los alquileres".

La encuesta también indagó sobre las características del universo locatario y reveló que el perfil del inquilino es claramente juvenil (casi la mitad de los encuestados tiene entre 18 y 35 años), con mayoría de mujeres (seis de cada diez son inquilinas).

En tanto, y como expresión de la crisis laboral, el sondeo mostró que sólo el 64% de los entrevistados declaró que cumple con la exigencia de demostración de ingresos (en general recibo de sueldo con relación de dependencia).

Asimismo, otro 20% obtendría ingresos como autónomo o monotributista y el 10% declaró empleo informal, en tanto que el 6% se manifiesta como desocupado.

Por otra parte, la mitad de los inquilinos manifestó tener ingresos inferiores a los que percibió el mes pasado. "No hay dudas de que la vivienda alquilada se encuentra en estado crítico y solo el auxilio estatal puede garantizar continuidad de vivienda a decenas de miles de hogares porteños", señaló el informe .

En este sentido, se destacó que apenas uno cada cuatro hogares inquilinos percibió algún beneficio del Estado Nacional (IFE o salario complementario) y que "el gobierno porteño es totalmente ajeno a la situación social que afecta a los que deben alquilar vivienda, a pesar de ser la ciudad de Buenos Aires el distrito con mayor porcentaje de inquilinos en todo el país".

En relación al Decreto 320/20, en principio vigente hasta el 30 de setiembre, el informe dijo que "es notable la desobediencia del mercado inmobiliario a cumplir con las normas públicas, aún en emergencia sanitaria inédita, así como la falta de difusión y respuesta por parte del Estado local".

"La muestra más clara es que a 90 días de vigencia del decreto federal, tres de cada diez inquilinos sufrieron algún tipo de amenaza de desalojo y otro 30% ni siquiera recibió el CBU obligatorio para poder transferir el pago del canon locativo", finalizó.

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