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En el año 2000, la Defensoría Ciudadana de La Plata recibió un escrito de un padre que instaba a sancionar a la publicación por no incluir en su calendario escolar el golpe militar de 1976.
La revista Anteojito -creada por Manuel García Ferré- fue, durante sus 37 años de publicación, un espacio de formación para varias generaciones de escolares; pero en el año 2000 recibió una impactante denuncia.
El abogado Gabriel Lugones presentó un escrito representando a un padre -anónimo a los medios- molesto porque en la publicación no se incluía en el promocionado calendario escolar del año 2000 el golpe de estado que habían dado las fuerzas armadas encabezadas por el General Jorge Rafael Videla.
"El número de Anteojito omite adrede la formación cívica y conciencia política más elemental de mis hijos y de los hijos de esta castigada sociedad", se podía leer en la primera carilla de ese escrito, que también incluía frases como "porque parece aliada del ocultamiento de la historia y la cultura popular, y no la expresión de una auténtica voluntad educativa"
La ombudsman de ese momento, Montserrat Lapalma, atenta a las observaciones del furibundo padre –cuyos hijos era asiduos lectores de la revista- firmó una resolución en la que instaba a los editores de Anteojito a no ignorar la realidad y reflejar los hechos de la Argentina en su totalidad.
Pero además, Lapalma también le solicitó al Ministerio de Educación de la Nación, que reconsiderara la calificación "de interés educativo" de la que la revista hacía gala en su portada.
La directora de la revista defendió su postura aduciendo que "Anteojito incluye en su calendario las fechas oficiales reconocidas por las Naciones Unidas y los ministerios de Educación".
Lapalma contraatacó mostrando una disposición en la que, desde el Ministerio de Educación, informó que el 24 de marzo era ya un día destacado del calendario y que en las escuelas nacionales ese día los docentes debían organizar actividades de reflexión sobre las consecuencias del golpe.
"El número de Anteojito omite adrede la formación cívica y conciencia política más elemental de mis hijos y de los hijos de esta castigada sociedad", se podía leer en la primera carilla de ese escrito, que también incluía frases como "porque parece aliada del ocultamiento de la historia y la cultura popular, y no la expresión de una auténtica voluntad educativa"
La ombudsman de ese momento, Montserrat Lapalma, atenta a las observaciones del furibundo padre –cuyos hijos era asiduos lectores de la revista- firmó una resolución en la que instaba a los editores de Anteojito a no ignorar la realidad y reflejar los hechos de la Argentina en su totalidad.
Pero además, Lapalma también le solicitó al Ministerio de Educación de la Nación, que reconsiderara la calificación "de interés educativo" de la que la revista hacía gala en su portada.
La directora de la revista defendió su postura aduciendo que "Anteojito incluye en su calendario las fechas oficiales reconocidas por las Naciones Unidas y los ministerios de Educación".
Lapalma contraatacó mostrando una disposición en la que, desde el Ministerio de Educación, informó que el 24 de marzo era ya un día destacado del calendario y que en las escuelas nacionales ese día los docentes debían organizar actividades de reflexión sobre las consecuencias del golpe.
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