Impresiona la catadura del acusador, el titubeante, opaco y oblicuo Mario Pontaquarto, autodefinido como un valijero de lujo, rol que se ha ido confirmando.
Perdidas en el vertiginoso acontecer de cada día, parecen relegadas a un segundo plano las audiencias que forman parte del juicio contra Fernando de la Rúa por las acusaciones de supuesto pago de coimas en el Senado de la Nación en el año 2000. Sin embargo, en estas jornadas de un juicio que podría recién ir concluyendo en febrero de 2012 han surgido algunas primeras revelaciones importantes. Varias de ellas tienen proyección directa sobre la agenda cotidiana de hoy mismo.

La defensa que hace De la Rúa de su situación procesal es, por de pronto, un hecho digno de ser subrayado. Desde que renunció a la presidencia de la Nación, el 20 de diciembre de 2001, ha permanecido en la Argentina, ha dado la cara siempre, ha hecho frente a incontables reportajes periodísticos y ha preparado minuciosamente su propia defensa desde su condición de abogado.

Impresiona en cambio la catadura del acusador, el titubeante, opaco y oblicuo Mario Pontaquarto, autodefinido como un valijero de lujo, rol que se ha ido confirmando a medida que se van desplegando los testimonios. Pontaquarto confronta limitaciones poco menos que insalvables. La duplicidad permanente de su propia vida privada, sus acuciantes apremios económicos y su condición de ejecutor voluntario de procedimientos claramente ilegales, fueron pulverizando lo poco que subsistía de su desflecada credibilidad.

Tal vez uno de los ángulos centrales que ha ido demoliendo la propia estatura jurídica de la causa es que la casi completa certidumbre de que aquel infortunado gobierno de De la Rúa no necesitaba realmente coimear a senadores peronistas y radicales para lograr la aprobación de una ley cuyas disposiciones principales estaban ya aprontadas por normas de menor rango. Es evidente, claro está, que el ventilador encendido por ese personaje patético que encarna el denunciante tuvo el efecto de iluminar prácticas y vicios propios de la vida parlamentaria, pero muy previos al gobierno de la Alianza (que duró apenas 100 semanas) y posteriores a ese ciclo.

Es en el testimonio de Carlos Chacho Alvarez donde se patentizan las cuestiones más fuertes y de mayor trascendencia. Esto es así, sobre todo, porque desde 2003, Alvarez ha sido funcionario estatal, primero de Néstor Kirchner y luego de Cristina Fernández. Radicado de modo casi permanente en Montevideo, el fundador del espacio político luego conocido como Frepaso, ha sido funcionario de alto rango como representante argentino ante el Mercosur, y ahora lo es de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALADI). Son, en realidad, dos regias becas protegidas del mundanal ruido, un exilio dorado para el hombre que a mediados de los años ‘90 aparecía como una gran esperanza de la democracia argentina.

Lo importante de la melancólica presentación de Alvarez es que, precisamente, no pudo aportar nada importante tocante a las coimas. Lo fascinante es que fue careado por el propio De la Rúa, un acusado convertido en fiscal. En ese cruce, que fue civilizado pero tenso, Alvarez no pudo aclarar por qué no habló de las coimas en su renuncia. Tampoco pudo informar por qué quiso volver al gobierno semanas más tarde de renunciar a la vicepresidencia. Ni siquiera queda claro por qué le pidió al Frepaso que siguiera en la Alianza, algo que sus compañeros obedecieron al pie de la letra. Casos dignos de mencionar fueron los de la secretaria de Ciencia y Técnica de De la Rúa, Adriana Puiggrós, que lo siguió siendo de Eduardo Duhalde hasta comienzos de 2002. O el del actual embajador en Lima, Darío Alessandro, que fue nada menos que jefe de la bancada radical-frepasista hasta la caída de ese gobierno.

Lo único que pudo confesar en la audiencia Alvarez, mas desdibujado que nunca, es que carecía de elementos de juicio de envergadura legal para presuponer que hubiera habido hechos de corrupción. Solo enarboló certezas “políticas”: que se lo dijo Antonio Cafiero, que se lo escuchó a Pontaquarto, que leyó notas periodísticas. Hasta los miembros del tribunal arquearon las cejas, advirtiendo la endeblez de quien debiera haber sido la clave de las audiencias, o sea el virtuoso, decente e inmaculado vicepresidente que renuncia a un gobierno cuando verifica episodios delincuenciales.

El juicio todavía tiene por delante varios meses mas de trabajo y no sería prudente descartar que aparezcan elementos de prueba que modifiquen las primeras impresionas. Deberán ser muy fornidos y creíbles, porque -de lo contrario- hasta para el propio oficialismo será poco grato tener que procesar el mal trago de una decisión favorable a De la Rúa.

De la Rúa no tiene futuro político ninguno. Es solo un hombre solo que se defiende de acusaciones que estima absolutamente exentas de veracidad. La suya es una peripecia política que feneció en diciembre de 2001. Pero lo notable y muy llamativo es que aquel ruidoso fracaso político solo haya recaído en los radicales, mientras que la casi totalidad de la primera línea del Frepaso se encuadró sin chistar en el kirchnerismo, donde muchos de sus integrantes treparon a posiciones prominentes. Además de los casos mencionados de Álvarez, Alessandro y Puiggrós, hay que incluir los de Diana Conti, Nilda Garré, Juan Manuel Abal Medina y Martín Sabatella, que van por la vida como si hubieran nacido en 2003.

El fracaso de la Alianza fue una tragedia nacional, de la que no son pocos los responsables, además del chivo emisario personificado en De la Rúa. Pero lo mas ruinoso que, sobre ese terrible traspié nacional se apoyó gran parte de la épica oficialista desde 2003, ciclo durante el cual Néstor Kirchner y Alberto Fernández invitaron a Marcelo Tinelli a la Casa Rosada para que grabaran, junto a ellos, sketches de su programa de TV donde se ridiculizaba gruesamente a la pasada gestión, cuyos responsables obviamente no podían defenderse. Habrá que esperar, pues, aunque a menudo ya se sabe que el tiempo es sabio y los entusiasmos de pasajeras omnipotencias se convierten en duras frustraciones.

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