La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, encara en el último tramo del año una amplia agenda legislativa que incluye el fin de las jubilaciones de privilegio, la obligatoriedad de presentar declaraciones juradas para los legisladores, una reforma ministerial para achicar el gasto político y la adhesión a la ley nacional de ART.
Tras la sanción de la ley de Presupuesto, más el pacto fiscal con los municipios y la reducción del presupuesto de las cámaras de Senadores y Diputados en más de 2.000 millones de pesos, Vidal espera que, con el impulso del oficialismo, la Legislatura apruebe otro paquete de normas vinculadas tanto a la transparencia como al ahorro y optimización de los recursos públicos.
En este sentido, fuentes de la Gobernación adelantaron ayer que la semana próxima el Ejecutivo provincial enviará a la Legislatura una iniciativa tendiente a eliminar las jubilaciones de privilegio, vigentes desde hace décadas en la provincia, como así también una modificación de la Ley de Ministerios.
Si bien aún no se definió por cuál cámara ingresará cada una de esas iniciativas, fuentes gubernamentales indicaron que se trabaja en la redacción final de esos proyectos para poder enviarlos a partir del lunes próximo y que sean tratados luego del recambio legislativo del 10 de diciembre, en el marco de extraordinarias.
Una de las propuestas más importantes es la reforma de la ley de Jubilaciones y pensiones de privilegio, que hoy alcanza a los cargos de gobernador, vicegobernador, funcionarios de los organismos descentralizados, legisladores y magistrados.
Las fuentes señalaron que la iniciativa alcanzará a los cargos políticos que hoy pueden jubilarse con 55 años de edad y 30 de servicio; mientras que la mayoría de los 600.000 empleados públicos deben reunir un mínimo de 60 años y 35 de servicio para que el Instituto de Previsión Social (IPS) los reconozca como jubilados.
En la ley vigente, los legisladores cuentan además con la ventaja de poder acumular años de servicio de cualquier caja nacional, provincial, municipal o privada y “tener como mínimo dos años de antigüedad en el ejercicio del mandato de legislador”, explicaron.
Así, obtienen una jubilación del 82 por ciento móvil, cuando el porcentaje para el resto de los estatales beneficiarios del IPS oscila entre el 70 y el 80 por ciento del haber del trabajador en actividad, disparidad que ahora se busca equilibrar con el proyecto oficial.
Fuentes legislativas del oficialismo indicaron que “si bien Diputados convocó a sesiones para el jueves 30, lo cierto es que creemos que esa ley recién será aprobada el año que viene”.
“El proyecto debe ser cuidadosamente trabajado para evitar litigiosidad contra el Estado provincial a futuro”, indicaron.
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