Llamativamente, ni siquiera el proyecto emanado en teoría del programa del ministerio de justicia 2020, fue presentado por el Ejecutivo al Senado o siquiera en un acto público por el Presidente y el Ministro de Justicia (como si lo fueron los demás proyectos presentados), si no que apareció presentado por un grupo de senadores del oficialismo de forma directa y desconectada formalmente del trabajo interno del programa.

Sin verdaderas posibilidades de avance cierto -dados los tiempos políticos, y la falta de consensos mínimos sobre su contenido y extensión-, el proyecto intenta cristalizar muchos de los intentos de retroceso que el gobierno actual intentó generar en la materia (principalmente para generar un sistema más pro empresa, a costa de los derechos de los consumidores).

Vamos a dedicar varios domingos de este espacio para analizar el tema, alertando a los lectores y actores interesados, sobre este intento de retroceso en uno de los pilares del avance en materia de regulación de consumo para la protección del débil jurídico, que no es necesariamente el débil económico, sino que es la relación estructural que impone el mercado, entre consumidores y proveedores.

Las Asociaciones de Consumidores, hicieron escuchar su voz, con el siguiente texto:

Ante el proyecto de derogación y sustitución por una nueva norma de la Ley de Defensa del Consumidor elevada consideración al Senado de la Nación, las Asociaciones de Consumidores declaramos que:

-El texto del proyecto presentado no tuvo participación de las Asociaciones de Consumidores las cuales no tuvieron ni orgánica ni públicamente convocatoria alguna para elevar propuestas ni participar de la redacción del mismo.

-Ninguna asociación o miembros activos de las mismas tuvieron la posibilidad de participar de la elaboración del proyecto.

-No se tuvo en cuenta a las Asociaciones de Consumidores para la elaboración del proyecto no contemplando la visión, conocimiento jurídico, experiencia en la aplicación cotidiana y permanente defensa de los consumidores y usuarios que realizan las mismas.

-Nos encontramos ante un proyecto falto de debate, y ante la reciente finalización de un proceso electoral que ha modificado la conformación política del Gobierno.

-El Gobierno saliente, ha dejado sin aplicación reformas vinculadas a los derechos de los consumidores, siendo central la implementación de la Justicia de Consumo. Asimismo, la consideración sobre los derechos del acceso al consumo de bienes y servicios esenciales ha sido una deuda pendiente y una regresión en esta materia. Párrafo aparte merece la política tarifaria de servicios públicos que no ha considerado en ningún momento la inequidad arribada, el desequilibrio de una actividad monopólica, la desigual posición frente al proveedor del servicio quien no ha tenido miramiento, en aplicar las tarifas, proceder a las interrupciones del servicio, rechazar los pedidos de consideración de los usuarios ante la imposibilidad de acceder a los mismos. Un gobierno que estuvo ausente a través de sus distintos organismos en la defensa de los derechos de los usuarios, mal puede arribar o pretender crear un ámbito adecuado para el debate de una norma que hace a la centralidad de la vida en sociedad.

-El texto presentado, goza de un serio cuestionamiento, realizado desde doctrina calificada lo que podría traer aparejado importantes modificaciones que en los primeros paneos tendría un retroceso en institutos del derecho del consumidor, los cuales deseamos que sean revisados y corregidos.

-La aprobación de este proyecto, tal como está redactado, podría producir pérdidas de derechos para los consumidores y usuarios que incluso podría generar un cuestionamiento de inconstitucionalidad.

Por lo expresado las Asociaciones de Consumidores solicitamos a los Senadores Nacionales que:

-Se habilite un espacio de debate y escucha de las opiniones fundadas sobre el proyecto en tratamiento.

-Se contemplen las observaciones que tenemos desde las Asociaciones de Consumidores para proteger y preservar los derechos ciudadanos vigentes en las normas actuales y, especialmente, los principios constitucionales en la materia.

Las Asociaciones de Consumidores estamos convencidas que es por medio de la participación abierta y el debate de ideas la única forma en la que se logrará una norma que cumpla con el respeto a la Constitución Nacional y la protección de los consumidores y usuarios y por ello solicitamos que se nos brinde el espacio para expresarnos atento que no hemos tenido esa alternativa hasta este momento.

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