Cada 27 de junio se celebra el Día del Trabajador del Estado para conmemorar la fecha en que la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en 1978, adoptó un convenio vinculado al derecho a la negociación colectiva, las relaciones de trabajo en la administración pública y la sindicalización de los empleados estatales.
Si bien Argentina ratificó el convenio en 1987, para entonces ya estaba instaurado el día en tanto hito de lucha. El asueto administrativo a nivel nacional, por su parte, fue dispuesto a partir de agosto de 2013.
Uno de los principales discursos que se escucha desde la asunción de Mauricio Macri, el 10 de diciembre de 2015, es la necesidad de ajustarse los cinturones y achicar el Estado para reducir el déficit fiscal.
Para ello, funcionarios oficialistas fueron desarrollando una serie de discursos críticos hacia los trabajadores estatales. En enero de 2016, el entonces ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, se mostró a favor de eliminar “la grasa militante” del sector público; dos años después, el titular de la cartera de Modernización, Andrés Ibarra, siguió la idea: “No queremos ñoquis en el Estado”.
El proceso de cesantías orquestado por el ejecutivo nacional alcanzó su punto máximo en 2017 con el despido y suspensión de trabajadores de distintos espacios estatales, como Radio Nacional, Televisión Digital Abierta (TDA), Ferrobaires, Yacimientos de Río Turbio, Fabricaciones Militares, Télam y otras empresas.
En 2018, el golpe más fuerte fue la profunda reestructuración de la administración pública y la eliminación de nueve ministerios que fueron absorbidos por otras carteras. Significó, no solo un cambio profundo de paradigma en cuanto a las importancias de gestión, sino la degradación a secretarías de áreas claves como Salud, Ciencia y Tecnología y Agroindustria.
Según datos oficiales de la Casa Rosada, entre diciembre de 2015 y diciembre del 2018, la Administración Pública Nacional, que comprende a todo el Gobierno, se redujo en un 17,4% (41.828 empleados menos). Mientras que en el 2015 había 240.600 empleados en la órbita del Poder Ejecutivo, en el 2018 quedaron 198.836.
Durante el mismo período de tiempo, en el sector público nacional la reducción fue menor, un 4,53%. Esto implicó más de 35.300 agentes estatales menos en la administración central, las Fuerzas Armadas, las fuerzas de seguridad nacionales, universidades, empresas públicas, sociedades del Estado, Poder Legislativo, Judicial y otros entes como la AFIP, el PAMI, INCAA y otros organismos descentralizados.
En diálogo con POPULAR, referentes de los principales gremios estatales hicieron una radiografía sobre cómo se encuentra cada sector.
Carlos Quintana, Secretario General de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) e integrante de las “62 Organizaciones Gremiales Peronistas” de La Plata, explicó que significa este día para los trabajadores estatales y cómo se encuentra el gremio.
“A pesar de todas las conquistas que se han logrado a través de las negociaciones colectivas, hoy estamos ante una provincia de Buenos Aires que en materia de condiciones laborales está estancada y en situación de alerta".
"El ejecutivo provincial no pone en funcionamiento las leyes que rigen la vida del trabajador, las cuales en su articulado indican la realización de calificaciones permanentes que permitirían el ascenso y promoción, lo cual conllevaría a los trabajadores a salir del estancamiento que vienen padeciendo durante años, que produce un achatamiento de la pirámide jerárquica y que coloca a todos en un mismo nivel, sin contemplar categorías, ni antigüedad".
"Las faltas de políticas públicas que contemplen al trabajador como parte necesaria del servicio público llevaron a tomar decisiones erróneas en materia salarial, produciendo una diferenciación innecesaria entre ellos".
"La inequidad salarial a la cual nos han arrastrado es notoria y de una discriminación desmedida, diferenciando salarialmente a trabajadores de diferentes reparticiones con la misma categoría y escalafón por el solo hecho de pertenecer a uno u otro ministerio. Queda evidenciado la desidia y falta de equidad para con los trabajadores estatales de Buenos Aires por parte del gobierno de María Eugenia Vidal”.
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Además de ser trabajador de Conicet, Manolo Sueiro es Secretario General Adjunto de ATE Capital y Secretario General Adjunto de la CTA de los Trabajadores de la CABA. En el marco del Día del Trabajador del Estado, el gremialista se refirió a la violencia institucional y los problemas en términos salariales que viven los trabajadores.
“Estamos atravesando un contexto muy difícil, ya que a partir del gobierno iniciado el 10 de diciembre del 2015 los trabajadores estatales somo estigmatizados por el gobierno de Mauricio Macri. A esto le sumamos la violencia institucional a través de despidos, persecuciones y fundamentalmente, lo más grave para nosotros, el desmantelamiento de diversos sectores y organismos y de diversas políticas territoriales que llegaban a sectores más vulnerables de nuestra sociedad, políticas socioeducativas, socio sanitarias, en materia preventivas inclusive, y la desjerarquizacion de una cantidad de ministerios, como el de Trabajo, Salud, Ciencia y Tecnología".
"Todo esto da una pauta de la relevancia que le dio este gobierno al empleo público. Por eso, estamos profundamente en desacuerdo y rechazamos la política pública llevada adelante por esta gestión".
"En término salariales, el gobierno ha determinado un incremento salarial del 18% de manera anual cuando sólo en los primeros cinco meses del 2019 la inflación superó el 20% en términos reales, lo cual agrava la pérdida del poder adquisitivo del salario, no solamente del empleado público sino del conjunto de la sociedad que está brutalmente agredida en términos económicos y sociales”.
Hasta el momento, la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP) es el único gremio que no fue llamado a discusión paritaria. Marta Márquez, presidenta del sindicato, dio cuenta de esta situación y de cómo el gobierno de María Eugenia Vidal le da la espalda a los trabajadores de la salud.
“La situación de los trabajadores del Estado a nivel nacional, provincial y municipal, ha empeorado desde que asumió Cambiemos. En el ámbito de la salud pública tenemos que mostrar como un brutal ejemplo lo que ha ocurrido en el Hospital Posadas, con alrededor de 1500 despidos y un ataque muy fuerte hacia las organizaciones sindicales".
"También ha pasado en el INTI, el Senasa, el Conicet. Son lugares que han sido afectados con despidos, con la baja de presupuestos y totalmente desguazados. En Buenos Aires, la gestión de María Eugenia Vidal tiene una mirada sobre los trabajadores del Estado que ha sido de destrato, de ninguneo, de ataque a las organizaciones gremiales".
"Basta recordar que desde noviembre de 2018 no tenemos convocatoria a paritarias, como si el gobierno no tuviera la obligación de convocarnos y como si los profesionales no tuviéramos que tener esta instancia donde discutimos salarios y condiciones de trabajo".
"Otra cosa es la mirada sobre lo público: el gobierno de Cambiemos considera que lo público es un gasto y por eso hacen un culto y religión de decir todo el tiempo que hay que ajustar el gasto público y no lo miran como una inversión en educación, en salud, en políticas públicas".
Hugo Blasco, Secretario General de la Federación Judicial Argentina (FJA-CTA), aseguró que en los últimos años ha crecido la precarización laboral, con el aumento indiscriminado de monotributistas y contratados,
“Los trabajadores judiciales somos víctimas de políticas discriminatorias y antidemocráticas de los distintos gobiernos que nos han negado el derecho de disponer de la negociación colectiva".
"Hoy la situación de los trabajadores es sumamente delicada y grave porque la falta de negociación va atada a las dificultades que estamos sobrellevando, como la degradación del salario, el no respeto a las condiciones de trabajo dignas y a la participación como trabajadores en la discusión con el Estado empleador acerca de todas las cuestiones que hacen a la relación laboral".
"Hay un aumento en la precarización laboral, cada vez hay más contratados y más monotributistas. A esto se le suma que hay una justicia sumamente devaluada, absolutamente subordinada al poder político de turno".
"Este gobierno es absolutamente anti trabajador, anti obrero, anti popular. Nada podemos esperar de Cambiemos que impulsa reformas que en ningún caso significan una mejora en las condiciones de los trabajadores y jubilados, al contrario".