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Los trabajadores pidieron a la Justicia que no haga lugar al pedido. Días atrás, los 96 operarios habían ratificado su propuesta de pagar un alquiler por el uso del predio
Los trabajadores de la Cooperativa de Trabajo Aceitera La Matanza pidieron este miércoles a la Justicia que no haga lugar al pedido de los ex dueños de la planta para cortar el suministro de gas natural por red.
Los 96 operarios siguen esperando la aprobación del certificado de continuidad laboral, una decisión que está en manos de la jueza Margarita Braga, titular del Juzgado Laboral Nacional N 22, quien declaró la quiebra de la compañía el 15 de julio pasado.
Los trabajadores mantuvieron un encuentro informal con la jueza días atrás y allí ratificaron su propuesta de pagar un alquiler por el uso del predio, lo que implicaría un ingreso a la cuenta de quiebra. En la larga espera desde la declaración de quiebra de la ex Agroindustria Madero SA, los trabajadores avanzaron en la conformación de la Cooperativa y obtuvieron el número la matrícula del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES).
Esa matrícula reconoce a la organización como una cooperativa formal en condiciones de emprender un proceso productivo; además, los operarios recibieron el respaldo del Concejo Deliberante del partido de La Matanza.
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El proceso venía encaminado hasta que en los últimos surgió una nueva complicación para los trabajadores cuando el ex dueño de Agroindustria Madero SA, Carlos de Pina pidió formalmente que se corte el suministro de gas.
Pina, quien fue acusado por sus ex empleados de "vaciar la fábrica", realizó un pedido formal a la compañía distribuidora que efectivice el corte de suministro al establecimiento, hecho que puso en alerta y movilizó a los trabajadores. "Estamos haciendo guardia para que nos dejen el medidor, sino no vamos a poder trabajar más. Se nos va a hacer imposible contratar de nuevo el servicio", expresó Maximiliano Correa, uno de los 96 trabajadores de la Cooperativa al sitio Matanza Digital.
El cooperativista comentó que el viernes pasado, el dueño realizó una presentación también en el juzgado denunciando que la cooperativa había comenzado con el proceso productivo, acusación que fue desmentida por los trabajadores.
"Nos quieren cortar el gas para perjudicar a la cooperativa y en caso de que la jueza nos llegue a dar la continuidad no podamos contratar el servicio", alegó Correa y ratificó que los trabajadores continuarán "en la lucha". Los trabajadores comenzaron a cobrar la semana pasada el seguro de desempleo, un ingreso que "por lo menos alivia un poco a la familia", de cara al dictamen de la jueza.
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