La iniciativa busca que los locales estén obligados a permitir el uso de las instalaciones pero que puedan cobrar un "permiso de uso"

La Legislatura porteña debatirá un proyecto de ley que ratifica la ordenanza municipal vigente desde 1993 que habilita el uso de baños de bares y restaurantes a quien lo solicite, sea o no cliente, pero con la posibilidad de que se cobre un “permiso de uso”.

La iniciativa busca que los locales gastronómicos estén obligados a “permitir el uso de las instalaciones sanitarias para toda persona que lo solicite, haya o no efectuado consumición alguna en dichos establecimientos”.

Pero contempla la posibilidad de que se cobre por el uso del baño una suma equivalente al valor de media unidad fija (alrededor de $10) como máximo y por persona. Además, precisa que como contraprestación a ese pago, “las instalaciones sanitarias deberán contar con productos de higiene, como jabón, papel higiénico, secamanos, y deberán de estar en buenas condiciones de limpieza y uso”.

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Sin embargo, plantea la exención del pago a jubilados y pensionados, menores de 16 años, embarazadas, desempleados, personas con discapacidad y quienes consideren que las instalaciones no se encuentran en condiciones.

Al respecto, en la Ciudad rige una ordenanza desde 1993 en la que se ordena “al Departamento Ejecutivo que exija a los propietarios de confiterías, bares, restaurantes y salones de té para que liberen el uso de las instalaciones sanitarias para toda aquella persona que así lo solicite, haya o no efectuado consumición".

A pesar de ello, en muchos locales no se permite el libre acceso y se pueden observar carteles con la leyenda “Sanitarios de uso exclusivo para clientes”. Incluso, en algunos establecimientos se restringe el uso de los baños a los clientes con códigos que desbloquean las puertas y que figuran en el ticket de compra.

El diputado Sergio Abrevaya, autor del proyecto, indicó que “sucede muchas veces que a los bares y restaurantes ingresan decenas de personas al día, que no consumen, para utilizar los sanitarios ocasionándoles un gasto extra, por lo tanto creemos que podrían cobrar un precio mínimo para que en parte puedan sustentar y afrontar esos gastos”.

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