Seguridad Privada: Impugnan asamblea de UPSRA

Según consta en las presentaciones ante la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales, dependiente de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social del Ministerio de Capital Humano, la asamblea pretende autorizar la venta, alquiler o constitución de gravámenes sobre bienes inmuebles estratégicos del sindicato, en un contexto que la agrupación denunciante califica como de grave desorden institucional, falta de transparencia y posible administración fraudulenta.

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Entre los inmuebles que la conducciòn de UPSRA pretende enajenar se encuentran: la sede sindical y otras propiedades en la Ciudad de Buenos Aires, el Campo Recreativo “Evita”, en el partido de Moreno, el Hotel Regidor de Mar del Plata, inmuebles en Quilmes, Munro, Rosario, Mendoza y Corrientes

Desde la Agrupación 9 de Julio advierten que estas decisiones privarían a los afiliados de espacios sociales, recreativos y de representación, construidos a lo largo de décadas con el aporte de los trabajadores de la seguridad privada.

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Balances sin control

Otro de los puntos de la denuncia es que la asamblea pretende aprobar balances atrasados “a libro cerrado”, sin que los afiliados hayan tenido acceso previo a la documentación contable, vulnerando los principios básicos de democracia sindical y control interno previstos en la Ley 23.551.

Asimismo, se objeta la elección de los integrantes de la Comisión Revisora de Cuentas, órgano clave para auditar la gestión financiera, señalando que se intentaría designar miembros con mandatos vencidos, lo que agravaría el cuadro de falta de control y transparencia.

Posibles delitos

En la presentación administrativa y en la carta documento remitida a la conducción sindical, la Agrupación Nacional 9 de Julio sostiene que los hechos denunciados podrían encuadrar en figuras penales, como las previstas en los artículos 173, 174 y 175 del Código Penal, vinculadas a defraudación y administración fraudulenta.

“Cuando no quedan recursos ni ideas, se venden hasta las joyas de la abuela”, señalan en uno de los tramos del escrito, alertando que se pretende tapar agujeros financieros con la venta del patrimonio, en lugar de rendir cuentas y abrir un debate real con los trabajadores.

Responsabilidad del Estado

La nota presentada responsabiliza también al Ministerio de Capital Humano por la falta de intervención oportuna, pese a los reiterados antecedentes de denuncias, impugnaciones y conflictos judiciales que pesan sobre la conducción de Ángel García.

Fuentes sindicales señalaron que estos cuestionamientos se suman a una larga lista de observaciones previas sobre la vida institucional de UPSRA y la crítica situación de su obra social, OSPSIP, que en los últimos años acumuló deudas, litigios, ejecuciones judiciales y cuestionamientos por su administración, incluso luego de procesos de intervención estatal que no lograron normalizar definitivamente la situación.

Denuncia ante la Justicia

Desde la Agrupación Nacional 9 de Julio confirmaron que la impugnación actual forma parte de una estrategia jurídica más amplia, que incluye reservas de derechos para ampliar las denuncias, aportar nuevas pruebas y promover acciones administrativas, civiles y penales, tanto contra las autoridades sindicales como contra los organismos de control que resulten responsables por omisión.

“La autonomía sindical no puede ser usada como excusa para vulnerar la democracia interna, ocultar balances o disponer del patrimonio de los trabajadores sin control”, concluye el escrito elevado a la autoridad laboral.