Las denuncias contra el veterano secretario general de USPRA van desde lo penal a lo polìtico, pasando por venta de patrimonio y responsabilidad por la crisis de la Obra Social del Gremio (OSPSIP).
El veterano secretario general del gremio de Unión Personal de Seguridad Republica Argentina (USPRA), Ángel García, suma una serie de denuncias en su contra que abarcan desde acciones penales, críticas por la venta de patrimonio del gremio hasta su falta de gestión ante la crítica situación de la Obra Social del Personal de Seguridad e Investigaciones Privadas (OSPSIP), según señalaron diversas fuentes sindicales.
Los informantes indicaron que, en las últimas semanas, "una médica denunció el uso indebido y falsificación de su sello profesional tras descubrir certificados emitidos a su nombre desde la delegación de Quilmes, que responde a la conducción central del gremio".
Por otra parte, las fuentes indicaron que "una manifestaciòn reducida y pequeña de afiliados de OSPSIP frente a la seccional Avellaneda -que reclamaban por la falta de prestaciones- fue agredida violentamente por un grupo interno del sindicato que respondería a Ángel García" "El expediente -añadieron- se tramita en la Fiscalía de la Ciudad de Buenos Aires, con acusaciones de agresión, robo y amenazas".
Ángel García, secretario general de Unión Personal de Seguridad Republica Argentina (USPRA)
Dirigentes opositores a la conducciòn del gremio de Seguridad Privada, aseguran que la situación de OSPSIP, la obra social que depende del gremio, es "terminal". "Miles de afiliados denuncian falta de entrega de medicamentos oncológicos, ausencia de cobertura médica y abandono total", indicaron.
En ese sentido, las fuentes indicaron que "a pesar de haber sido dos veces notificada - OSPSIP- de una posible intervención, la medida fue frenada por presiones políticas y vínculos con dirigentes libertarios, que siguen garantizando impunidad a la conducción".
Por otra parte, los denunciantes indicaron que "se conoció la venta de propiedades, vehículos e inmuebles pertenecientes al sindicato" y señalan que ello se produjo "sin la debida información a los compañeros y a los dirigentes opositores" de USPRA.
En este sentido, indicaron, que "para justificar la enajenaciòn del patrimonio sindical, convocó a una asamblea para diciembre, con el fin de aprobar la venta, pero las agrupaciones opositoras ya denunciaron irregularidades".
También indicaron que García "habría modificado el estatuto para permitir la participación de jubilados y gente ajena a la organización en una abierta violación a disposiciones judiciales previas".
El expediente sobre esta denuncia, presentado ante el Ministerio de Trabajo, "permanece paralizado bajo la órbita del ministro Julio Cordero, sin resolución de la Cámara Laboral", indicaron dirigentes opositores.
Las fuentes también indicaron que distintas organizaciones gremiales denunciaron ante el Ministerio de Trabajo que más de 80 empresas de seguridad privada habrían sido beneficiadas con "Procedimientos preventivos de crisis" dudosos para reducir salarios y suspender personal.
Según indicaron, "esa operatoria es algo tradicional para Ángel García", quien de ese modo habría beneficiado a empresarios vinculados al poder para facilitar su continuidad al frente de un gremio "al que está destruyendo".
Como corolario del "abuso de poder y falta de respeto a la organización gremial", los denunciantes indicaron que "Ángel García, en un claro caso de nepotismo, pretende dejar al frente del gremio a su hijo" a quien "no se le conoce trayectoria en la defensa de los trabajadores ni curriculum laboral".