Las consecuencias económicas que trajo el Covid-19 en el país europeo afectaron en gran medida a los trabajadores temporales, quienes soportan largas jornadas laborales a cambio de sueldos muy precarios.

La pandemia de coronavirus agravó las condiciones en las que muchos trabajadores temporarios indocumentados trabajan en España, con largas jornadas de fuerte calor, a cambio de sueldos precarios, y ha endurecido una situación que el sector agrícola considera marginal, pero que sindicatos y ONG denuncian y piden cambiar.

A la polémica suscitada por el aumento de casos de Covid-19 en zonas del país adonde acuden muchos jornaleros sin papeles para trabajar en el sector de la fruta, se sumó hace unos días la muerte de un nicaragüense por un golpe de calor cuando recogía sandía, después de ser abandonado por su jefe, de nacionalidad ecuatoriana, en la puerta de un centro de salud.

D., también es nicaragüense y trabajaba con Eleazar Blandón, el jornalero fallecido. “Nos tratan como perros”, asegura a EFE sobre las condiciones a las que, según él, son sometidos muchos jornaleros indocumentados que se emplean en la recogida de la fruta en España cada verano.

Blandón, de 42 años y natural del municipio nicaragüense de Jinotega, sufrió el golpe de calor cuando participaba en la descarga de un camión de sandías, en una jornada en la que en la región de Murcia, donde se produjeron los hechos, llegaron a superarse los 44 grados de temperatura.

"Durante todo el día se sintió mal, con desmayos, mareos y vomitando. Aún así fue reincoporado al trabajo", relata D., que no quiere identificarse por miedo a represalias, y que le acompañó en esos momentos junto a otros compañeros que le intentaron ayudar hasta el final del día, cuando la furgoneta fue dejando a cada uno "y a Eleazar el último, por eso no resistió".

"No les daban ni agua"

"Me decía que en la empresa no les brindaban ni agua, que solo tenía la que se llevaba en una botellita y que era insuficiente para toda la jornada de trabajo", explicaba también Ana Blandón, hermana del jornalero fallecido que reside en España, en una comparecencia ante los medios para denunciar las circunstancias de la muerte de su hermano.

Según sus declaraciones, Eleazar llegó el 21 de octubre de 2019 a Bilbao (País Vasco, norte de España) y quince días más tarde viajó a Almería (Andalucía, sur) donde ella vive. Al encontrarse sin trabajo, un amigo le dijo que en Lorca "estaban buscando a trabajadores que no tuvieran papeles para trabajar en el campo", y allí fue.

Pero las cosas no le iban bien y quería regresar a Nicaragua, explicó Ana, porque lo que estaba viviendo en España era "horrible", un "maltrato físico y emocional". "Llegaba del trabajo súper cansado, no podía dar un paso más. No tenía ni ánimos para comer de lo cansado que llegaba", indicó.

De 3 a 5 euros la hora

"El caso de Eleazar no es un caso aislado. Son muchos los 'Eleazares' que están en todo el campo" asevera a EFE Meyling Duarte, del movimiento SOS Nicaragua Madrid.

Duarte denuncia las condiciones de trabajo que muchos jornaleros sin papeles enfrentan en España. Unas condiciones "que ni siquiera se les puede llamar así", replica D., ya que, apenas tienen unos minutos para comer algo, no tienen acceso a agua e incluso tienen que descansar al sol. A esto, se le suma muchas veces "las ofensas e insultos de los empleadores a los trabajadores", añade el joven nicaragüense.

Según SOS Nicaragua Madrid, un jornalero en Lorca puede ganar de 3 a 5 euros la hora, trabajando una media de 9 a 12 horas diarias. Del sueldo, les cobran el desplazamiento en la furgoneta que los lleva y les devuelve del campo. Muchos reivindican que las condiciones de trabajo en el campo para los inmigrantes indocumentados son semejantes a la esclavitud.

"Hay muchos nicaragüenses que se ven obligados a trabajar en esas circunstancias. Son inmigrantes sin papeles que si no trabajaban por 3 euros no tienen cómo mantener la familia”, explica Duarte.

"Ahora, con la pandemia de la COVID-19, la situación empeoró aún más para esos trabajadores que, sin documentación, no pueden trabajar en las fincas que exigen un test negativo - ya que no se lo pueden hacer -, y siguen trabajando aglomerados, revueltos y sin la protección necesaria", añade.

Investigación abierta

La muerte de Eleazar Blandón ha generado un profunda indignación en la comunicad nicaragüense en España.

En un comunicado, la Asociación Nicaragua Libre denuncia que "son ya demasiado numerosas las noticias recibidas y las imágenes vistas como para saber que estamos ante una sistemática explotación de las personas más vulnerables por carecer de papeles migratorios o por las razones que sean".

Esta asociación, junto a SOS Nicaragua Madrid, se centra ahora en conseguir los recursos suficientes para repatriar el cuerpo de Eleazar a Jinotega, donde se encuentran su pareja, Karen, y cinco hijos, de los cuales uno es recién nacido y no lo llegó a conocer.

Además de solicitar el esclarecimiento de la muerte de Blandón, y que se haga Justicia, las organizaciones se suman a la petición general de una regularización extraordinaria de las personas inmigrantes que trabajan para el bienestar de la sociedad española.

Jornaleros y pandemia

La pandemia de coronavirus no ha hecho si no empeorar las situación de los inmigrantes indocumentados, no sólo procedentes de Latinoamérica como Blandón, que trabajan como jornaleros durante la temporada de verano en España.

Las malas condiciones de alojamiento de muchos temporeros extranjeros, entre ellos subsaharianos y marroquíes, en situación irregular, son un riesgo añadido para la transmisión de la Covid-19, pero el limbo legal en el que viven dificulta una respuesta clara.

Los primeros rebrotes del virus en las regiones de Aragón y Cataluña, colindantes la una con a la otra, han estado vinculados a la actividad de la recogida de la fruta, y en algunas ciudades como Huelva (sur), también en zona agrícola, se han registrado recientemente incendios en los asentamientos ocupados por extranjeros.

"En esas condiciones, el coronavirus está ahí, en su máxima expresión", subrayó en declaraciones a EFE el secretario sectorial de Agricultura del sindicato español UGT, Emilio Terrón, quien se refiera a a existencia de una "bolsa" de personas en situación irregular que se mueven por la geografía española en función del calendario de las cosechas.

Otra situación es la de los trabajadores que acuden a las campañas con sus contratos y papeles en regla, y que cuentan con alojamientos proporcionados por las propias empresas y que "reúnen unos requisitos, servicios y aforos determinados" por la normativa, según el representante sindical.

El problema, asegura, aparece cuando se emplea a "trabajadores que son muy vulnerables por no tener documentación", que se ven obligados a alquilar la vivienda con otros muchos de diversas nacionalidades, a menudo sin guardar las distancias.

Los sindicatos piden a la administración que regularice a esas personas sin papeles en regla, a quienes no se puede contratar, ante un problema "que se sucede año tras año", pero que en esta ocasión es todavía más grave por el riesgo de contagio.

El sector agrario se defiende

Ante las acusaciones que los relacionan con los abusos y las malas condiciones en las que mantienen a este tipo de trabajadores, el sector agrario se defiende y pide no generalizar.

"Que digan quiénes son, pero que no generalicen", dijo recientemente a EFE uno de los responsables de la Asociación de Jóvenes Agricultores (Asaja) en Lérida Pere Roque, quien llamó a los sindicatos a "denunciar a quien toque".

Roque aseguró que todos los temporeros que trabajan para los empresarios afiliados a Asaja "están legalmente contratados" y que se aplican las medidas higiénico-sanitarias necesarias y, sobre las personas indocumentadas reconoce que los que hay que "dan tumbos por España" son un "problema social" que tiene que solucionar el Gobierno y del que "no se puede culpar al sector agroalimentario".

Por parte de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), su responsable de la fruta, Osvald Esteve, pidió a la administración regularizar a las personas que no tiene los papeles en regla, a quienes no se puede contratar, ante un problema "que se sucede año tras año", pero que esta vez es todavía más grave por el riesgo de contagio.

La respuesta del Estado

En estas circunstancias, el Gobierno español está coordinando un plan con regiones, ayuntamientos y agentes del sector agrario para planificar el movimiento de los temporeros de las próximas cosechas y prevenir posibles rebrotes.

El ministro español de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha pedido a las administraciones y al sector que contribuyan a facilitar alojamientos "dignos" a estas personas, mientras que el Defensor del Pueblo y el relator de la ONU sobre la extrema pobreza, reclaman soluciones urgentes en España.

La Unión Europea (UE) reconoce los derechos de sus trabajadores transfronterizos y la directiva europea de trabajadores estacionales incluye normas de alojamiento para los que procedan de terceros países, pero no existe regulación en relación con la vivienda para otra clase de temporeros.

Hace unos días, la Comisión Europea instó a los países de la UE a tomar todas las medidas necesarias para garantizar unas condiciones de trabajo y de vida dignas para los temporeros.

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