El Gobierno de Castilla y León anunció que implementará una serie de medidas, como una ecografía 4D, con el fin de disminuir el número de abortos en su territorio.

La decisión del Gobierno de Castilla y León de restringir el derecho al aborto en su territorio reavivó en España el debate sobre el tema.

Es que el vicepresidente de esa región española, Juan García-Gallardo, anunció este jueves que su administración implementará cuatro medidas en una plan que denominó "provida" con el objetivo de disminuir el número de abortos en su territorio.

Según García-Gallardo los médicos deberán ofrecer obligatoriamente atención psicológica a las mujeres que quieran abortar y -asimismo- ofrecerles escuchar el latido del corazón del feto entre la semana 6 y 9 de embarazo, así como ver una ecografía 4D en la que se puedan observar los rasgos del mismo. Por último, el dirigente aseguró que se reforzaría el derecho a la objeción de conciencia del personal sanitario.

A pesar de que García-Gallardo se apresuró a señalar que "no se va a obligar a escuchar el latido de su bebé si no quiere" a la mujer embarazada, su anunció recibió muchas críticas en una región en la que las mujeres sólo pueden ejercer su derecho al aborto en dos hospitales públicos y la mayoría se ve obligada a desplazarse de su provincia.

En tanto, este viernes, fuentes de la Consejería de Sanidad de Castilla y León informaron que el protocolo para atender los embarazos e interrupciones voluntarias no sufrirá variaciones.

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Así, se continuará realizando tres ecografías a lo largo de la gestación, en las semanas 12, 20 y 33; las ecografías 4D solo se realizarán a instancias del facultativo en el caso de que tenga sospechas de cualquier anomalía en el feto en el último trimestre. No se harán nunca con la intención de mostrar los rasgos del feto, para incrementar "la implicación emocional", como indicó el vicepresidente regional.

En cuanto a la atención psicológica, se ha señalado que seguirá como hasta ahora, es decir, poniendo todos los recursos sanitarios disponibles a disposición de las mujeres que quieran continuar su embarazo o de aquellas que deseen interrumpirlo. Se ofrecerá cuando la matrona considere que existe un problema de este tipo sin que haya obligación de los médicos de informar a las pacientes de esta posibilidad.

Por su parte, desde el Ministerio de Igualdad se han tachado las medidas anunciadas por García-Gallardo de "coacción". La ministra del ramo, Irene Montero, ha dicho que "lo llaman moderación, por no decir arrebatar derechos a las mujeres".

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