Bajó el salario mínimo previsto, excluyó a la comunidad LGTB y arremetió contra tierras indígenas

Jair Bolsonaro puso en marcha algunas de sus polémicas promesas de campaña y en sus primeros decretos decidió reducir el salario mínimo a 998 reales, así como excluir a la población LGBT de las políticas de derechos humanos y arremeter contra las tierras indígenas.

En su primer día en el Palacio de Planalto, el nuevo mandatario de Brasil aumentó el salario mínimo de los trabajadores solo 44 reales, que su antecesor había fijado en 954 reales, equivalentes a 246,1 dólares.

El incremento del salario mínimo en Brasil se decide con una fórmula que contempla la inflación y la tasa de crecimiento del año anterior, entre otras variables, pero el número final propuesto por Bolsonaro resultó inferior a los 1006 reales calculados por la administración de Michel Temer, y contemplados en el presupuesto 2019.

Además, el presidente también firmó una medida provisoria, que a nivel legal representa una medida unipersonal, con fuerza de ley, sin la participación del Poder Legislativ; que borra todas las referencias a la comunidad LGTB.

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La medida provisoria 870/19 explicita los cambios en la estructura de los ministerios, incluyendo el nuevo Ministerio de la Mujer, de la Familia y de los Derechos Humanos, comandado por Damares Alves, militante antiaborto, antifeminista y pastora evangelista.

De acuerdo a las políticas destinadas a la promoción de los derechos humanos, se incluyen explícitamente las “mujeres, niños y adolescentes, juventud, ancianos, personas con discapacidad, población negra, minorías étnicas y sociales e indígenas”. Las personas LGTB, que antes eran nombradas en las estructuras de la Secretaría Nacional de Promoción y Defensa de los Derechos de la Persona Anciana, fueron excluidas.

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Otra polémica normativa aprobada por decreto tiene que ver con las tierras indígenas. Bolsonaro entregó a la nueva ministra de Agricultura, Tereza Cristina Correa, una latifundista que coordinaba la bancada de los propietarios rurales en el Congreso, las tareas de identificar, delimitar y crear nuevas reservas indígenas.

Según los activistas ambientalistas, esta medida provocará la destrucción de culturas e idiomas nativos al integrar a las tribus en la sociedad brasileña. Además, aseguran que los pueblos nativos son los últimos custodios de la Amazonia, la mayor selva mundial.

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