La Policía arrestó a 31 personas acusadas de pertenecer a un clan mafioso dedicado a esa actividad y a otros delitos.

La Policía de Nápoles detuvo a 31 personas acusadas de pertenecer a un clan mafioso que, entre otros delitos, se enriquecía extorsionando a comerciantes, a los que hacía factura para que desgravaran el pago impuesto.

La operación, coordinada por la Dirección Antimafia napolitana, ha supuesto la detención de 31 sujetos, 22 en prisión y 9 bajo arresto domiciliario, acusados de pertenecer o favorecer al clan Amato Pagano del barrio de periférico Secondigliano, de la mafia Camorra, según un comunicado.

Los delitos que se les atribuye son pertenencia a asociación delictiva de tipo mafioso, extorsión, alzamiento de bienes y tráfico de estupefacientes con el agravante del método mafioso.

El clan se valía de su fuerza de intimidación cometiendo una larga lista de delitos en el barrio que controla y los municipios napolitanos de Melito, Mugnano, Casavatore y Arzano, desde homicidios hasta la venta de cocaína y otros estupefacientes.

Pero sobre todo se enriquecía a través de la extorsión cobrando el conocido como "pizzo", el "impuesto" que las organizaciones mafiosas cobran a los comerciantes de "su" territorio.

En concreto este grupo criminal había puesto en marcha una "masiva" maquinaria de coacciones a unos quinientos negocios cada año y también controlaba el monopolio de las pompas fúnebres.

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Las autoridades destacan una nueva modalidad del cobro del "pizzo" distinta a la "clásica", que se paga en tres plazos anuales, en Navidad, Pascua y el 15 de agosto.

Los mafiosos cobraban este "impuesto" a sus víctimas a través de una transferencia bancaria y después les hacían factura mediante una de sus empresas, lo que después permitía desgravarla.

Esto, según los investigadores, era una estratagema del clan para que sus víctimas aceptaran de mejor grado pagar la extorsión.

La investigación ha salpicado también a dos agentes de la Policía municipal de Nápoles.

La operación ha permitido incautar la sede que servía de "cuartel general" de esta magia y lugar de reunión para los líderes de la Camorra, así como el precinto de dieciocho empresas, 34 vehículos y cuentas bancarias por un valor de alrededor de 25 millones de euros.

Tres de los detenidos recibían la conocida como Renta de Ciudadanía, un subsidio para desempleados impulsado desde el Gobierno nacional por el partido antisistema Movimiento Cinco Estrellas y a menudo cuestionado por sus beneficiados.

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