Para el gobierno, los trabajadores rurales emboscaron a los policías
que intentaban negociar un desalojo pacífico, pero algunos dirigentes
rurales negaron esa versión. Se calcula que hay más de 80 heridos
El desalojo ocurrido hoy en un campo ocupado del municipio paraguayo de Curuguaty, en el departamento de
Canindeyú, ubicado al noreste del país, en la frontera con Brasil, dejó al menos 17 muertos, entre campesinos y policías, y unos 80 heridos, algunos de gravedad.
Los hechos se dieron en un predio donde campesinos sin tierra mantenían tomado un
predio del empresario Blas Riquelme. La versión del gobierno es que los trabajadores rurales emboscaron a los policías
que intentaban negociar un desalojo pacífico, pero algunos dirigentes
rurales negaron esa versión y restaron responsabilidad a los labriegos.
"Ordené a las Fuerzas Armadas a desarrollar su misión específica en apoyo a la policía de acuerdo a la ley de seguridad interna y garantizamos la plena vigencia de la ley y de las instituciones del Estado”, señaló Lugo en un breve mensaje al país, desde la residencia presidencial.
Antes, se había divulgado un comunicado en el que expresó su ‘gran pesar y repudio” por los hechos y su “firme respaldo a la tarea de las fuerzas del orden que se desempeñan en defensa y preservación de la ley”.
"Manifiesto mi solidaridad con los familiares de las víctimas fatales y los heridos de las fuerzas del orden que entregaron su vida en el cumplimiento de su misión”, expresó Lugo en el texto, en el que destacó que “los organismos de seguridad del gobierno y sus áreas estratégicas están trabajando en este momento en líneas de acción que devolverán calma y tranquilidad” a la región.
Por su parte, el ministro del Interior, Carlos Filizzola, rechazó las versiones sobre su inminente destitución y aseguró también que “no hay evidencias aún” de que en el enfrentamiento hayan participado miembros del grupo guerillero Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).
"El hecho fue consecuencia de una orden judicial para desalojar una propiedad ocupada. No es la primera vez que se procede a desalojos y se procedió legalmente, con orden fiscal correspondiente. Hoy se activó el operativo en base a una orden judicial”, recalcó el ministro.
El funcionario indicó que los ocupantes eran campesinos de ‘diferente procedencia y diferentes organizaciones”, pero algunos incluso “conocidos” de ocupaciones anteriores. E informó que los muertos son “9 o 10 campesinos y 7 policías”.
Según las agencias DPA y Prensa Latina, Fillizzola apuntó que la situación ya está “controlada”, por lo que “no amerita” declarar el estado de excepción, en tanto se busca a algunos campesinos refugiados en la zona boscosa aledaña al lugar de los incidentes.
La Policía Nacional, en tanto, emitió un comunicado en el que denunció la “cobarde agresión” de los campesinos agrupados en la Liga Nacional de Carperos a los uniformados, y remarcó que la fuerza pondrá “el mejor de sus esfuerzos para el cumplimiento de sus funciones”.
El comunicado denuncia que los policías fueron recibidos con disparos de armas de fuego, y el jefe de investigación de Salto del Guairá, Walter Gómez, fue aún más allá al denunciar que los uniformados fueron “emboscados por los campesinos”.
Para Gómez, “esa gente está entrenada y que ya no son simples campesinos, sino criminales”.
A modo de réplica, el dirigente José Rodríguez, del Movimiento de los Campesinos, afirmó a un canal de TV que las familias rurales establecidas en la hacienda “sólo resistieron al desalojo y no fueron las culpables de los disparos” contra la policía.
El problema de la tenencia de la tierra es uno de los más complejos en Paraguay, donde grandes propietarios fueron acusados por instituciones estatales de apoderarse de terrenos mediante negocios ilegales y son frecuentes las ocupaciones por parte de los sin tierras.
"Ordené a las Fuerzas Armadas a desarrollar su misión específica en apoyo a la policía de acuerdo a la ley de seguridad interna y garantizamos la plena vigencia de la ley y de las instituciones del Estado”, señaló Lugo en un breve mensaje al país, desde la residencia presidencial.
Antes, se había divulgado un comunicado en el que expresó su ‘gran pesar y repudio” por los hechos y su “firme respaldo a la tarea de las fuerzas del orden que se desempeñan en defensa y preservación de la ley”.
"Manifiesto mi solidaridad con los familiares de las víctimas fatales y los heridos de las fuerzas del orden que entregaron su vida en el cumplimiento de su misión”, expresó Lugo en el texto, en el que destacó que “los organismos de seguridad del gobierno y sus áreas estratégicas están trabajando en este momento en líneas de acción que devolverán calma y tranquilidad” a la región.
Por su parte, el ministro del Interior, Carlos Filizzola, rechazó las versiones sobre su inminente destitución y aseguró también que “no hay evidencias aún” de que en el enfrentamiento hayan participado miembros del grupo guerillero Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).
"El hecho fue consecuencia de una orden judicial para desalojar una propiedad ocupada. No es la primera vez que se procede a desalojos y se procedió legalmente, con orden fiscal correspondiente. Hoy se activó el operativo en base a una orden judicial”, recalcó el ministro.
El funcionario indicó que los ocupantes eran campesinos de ‘diferente procedencia y diferentes organizaciones”, pero algunos incluso “conocidos” de ocupaciones anteriores. E informó que los muertos son “9 o 10 campesinos y 7 policías”.
Según las agencias DPA y Prensa Latina, Fillizzola apuntó que la situación ya está “controlada”, por lo que “no amerita” declarar el estado de excepción, en tanto se busca a algunos campesinos refugiados en la zona boscosa aledaña al lugar de los incidentes.
La Policía Nacional, en tanto, emitió un comunicado en el que denunció la “cobarde agresión” de los campesinos agrupados en la Liga Nacional de Carperos a los uniformados, y remarcó que la fuerza pondrá “el mejor de sus esfuerzos para el cumplimiento de sus funciones”.
El comunicado denuncia que los policías fueron recibidos con disparos de armas de fuego, y el jefe de investigación de Salto del Guairá, Walter Gómez, fue aún más allá al denunciar que los uniformados fueron “emboscados por los campesinos”.
Para Gómez, “esa gente está entrenada y que ya no son simples campesinos, sino criminales”.
A modo de réplica, el dirigente José Rodríguez, del Movimiento de los Campesinos, afirmó a un canal de TV que las familias rurales establecidas en la hacienda “sólo resistieron al desalojo y no fueron las culpables de los disparos” contra la policía.
El problema de la tenencia de la tierra es uno de los más complejos en Paraguay, donde grandes propietarios fueron acusados por instituciones estatales de apoderarse de terrenos mediante negocios ilegales y son frecuentes las ocupaciones por parte de los sin tierras.
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