La Justicia fijó una reparación económica de $12 millones para la víctima, una trabajadora municipal, mientras que la causa penal por abuso sexual seguirá su curso y será juzgada en octubre.
La Justicia condenó al concejal Alberto Montes, integrante de La Libertad Avanza (LLA) en el municipio bonaerense de San Isidro, a pagar una indemnización de 12 millones de pesos a una empleada municipal por un episodio ocurrido en 2023, cuando le dio una palmada en loa cola, sin su consentimiento, dentro de una dependencia pública.
La resolución corresponde al fuero civil y establece una reparación económica para la víctima. Mas allá de esto, el proceso penal continúa abierto y el juicio por el delito de abuso sexual tiene fecha prevista para octubre próximo, informaron fuentes judiciales.
Según consta en la causa, el episodio ocurrió en noviembre de 2023 en las oficinas de la Dirección de Tránsito de San Isidro, en la provincia de Buenos Aires. De acuerdo con la investigación, Montes se acercó por detrás a una empleada que se encontraba trabajando y le dio una palmada en los glúteos.
La reacción de la trabajadora fue inmediata: se dio vuelta y empujó al funcionario. La secuencia quedó registrada por cámaras de seguridad instaladas en el lugar, material que fue incorporado al expediente judicial.
Tras conocerse la condena civil, Montes se refirió públicamente al caso y sostuvo que el episodio no tuvo una intención de agresión. "Lo que intentó ser un chiste derivó en una denuncia", afirmó durante una entrevista periodística.
La declaración generó repercusiones debido a que la Justicia consideró acreditada la conducta denunciada y ordenó el pago de una compensación económica a la trabajadora afectada.
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Aunque el concejal intentó cerrar el conflicto mediante un pedido de disculpas y el pago de una reparación económica, la causa penal avanzó por una vía independiente.
En ese expediente se investiga la presunta comisión del delito de abuso sexual. El debate oral está previsto para octubre y será la instancia en la que se determinarán las eventuales responsabilidades penales derivadas de los hechos denunciados.
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